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El miércoles 30 de abril, cuando muchos argentinos pensaban en disfrutar el fin de semana largo -jueves 1° de mayo, y el viernes 2 no laborable-, un verificador aduanero del Aeropuerto Internacional de Ezeiza intuyó que una carga proveniente del canal verde podía ser sospechosa. El análisis de imágenes arrojó que contenía material orgánico, primera señal preocupante; y que el mismo estaba en tubos de aire que sólo se abren con una llave especial.

Para acceder al material, llamaron al importador, solicitándole la llave. Allí empiezan a diferir las versiones sobre el importador y el apoderado o dueño del courier: algunos dicen que fueron a colaborar, otros que vieron el movimiento alrededor del caso y huyeron. Lo cierto y confirmado es que los tubos de aire contenían hachís en una cantidad importante: casi 130 kilos.

A medida que la investigación avanzó, la preocupación fue creciendo. Los envíos similares de R.S.I. Courier S.R.L., al mismo importador, serían entre 30 y 50 durante los últimos meses. Aunque a esta altura es casi imposible saber si contenían drogas ilegales o no. El tema resultó de gran impacto -hasta ahora tapado- nacional e internacional también por el camino que recorrieron estos envíos.

La droga, según diversas fuentes, se embarcó en California, Estados Unidos. Desde allí fue hasta Miami, obviamente en el mismo país, luego siguió hacia Panamá, donde tuvo lugar una de las claves de la maniobra: le cambiaron a la carga al Bill of Landing (BL), una especie de Documento Nacional de Identidad (DNI) de la mercadería, con el claro objetivo de enmascarar su trazabilidad y contenido.

Como es lógico, se trata de una banda internacional con cierto nivel de protección en la Argentina (hasta ahora, claro). Por ello, además del poder de policía que ejerció la Aduana, actuando ahora como auxilio de la Justicia; el tema interesó en Cancillería, y es seguido muy de cerca en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Como el origen de la mercadería es el país del Norte, también interviene la Drug Enforcement Agency (DEA).

 

Un abogado ex TCA, “El Hurón” y sus vastas conexiones

 

R.S.I. Courier S.R.L. es una sociedad formada en septiembre del 2019, en la cual aparecen como fundadores Ignacio Peré, Diego Leandro Muñoz Cruzado, Sandro Marcelo Cavalieri y Roberto Claudio Bouza. Este último, que actualmente figura como apoderado, tuvo que prestar declaración indagatoria ante el juez Cattania, lo que ocurrió hace alrededor de una semana.  

Entre sus argumentos, esbozó que apenas es un apoderado, mientras que el dueño real es Ignacio Peré, actualmente domiciliado en España. Entre estos dos apellidos -Bouza y Peré-, hay muchas historias interesantes, que dan cuenta de cómo un courier fundado en 2019, habilitado por el ENACOM a funcionar como tal recién en 2021, se volvió tan poderoso que terminó cayendo en un supuesto delito.

Ignacio Peré fue abogado de Terminal de Cargas Argentina (TCA), el depósito fiscal del Aeropuerto de Ezeiza, perteneciente al Grupo Eurnekian. Llegó a ese cargo de la mano de Ernesto Gutiérrez, cuando éste era CEO del grupo y contaba con la confianza absoluta del dueño y fundador del mismo, Eduardo Eurnekian. Gutiérrez hace muchos años que tomó otro camino, incluyendo que ya no vive en la Argentina.

Peré, que tampoco sigue en ese conglomerado, también tuvo que irse del país, pero en circunstancias aparentemente más dramáticas. Tenía su domicilio en Luján, el mismo que habría declarado para RSI Courier, y lo “reventaron” (en la jerga, lo revisaron entero). Las versiones difieren: algunos hablan de una orden judicial, otros de un vuelto o una venganza. El tema fue tan importante para Peré y su familia que desde ese momento -hace uno o dos años- se fue a vivir a España.

El otro hombre clave de la historia, supuesto socio de Peré, es Roberto Fernando Bouza, alias “El Hurón”, cuyo hijo es apoderado de la firma y es casi homónimo, solo difieren en el segundo nombre, es Roberto Claudio. Su padre es tan poderoso que, en otra época, RSI Courier llegó a mover entre 8.000 a 9.000 kilos por semana, a un valor de miles de dólares cada uno.

Los vínculos de “El Hurón” fueron históricamente fuertes con los diferentes servicios de Inteligencia. Era empleado de la Aduana pero renunció hace alrededor de 20 años. De aquella época le quedó la amistad con “José”, un agente importante del Batallón 601, Inteligencia del Ejército Argentino, de quien decía que era su padrino.

También se llevó la amistad con algunos aduaneros históricos de Ezeiza, a uno de los cuales le habría vendido un dúplex en Pinamar, y a su hermano también. En los últimos tiempos, llamaban para interceder por RSI desde el estudio jurídico de Diego Pirotta y Darío Richarte, que pasaron por la SIDE en el gobierno de Fernando de la Rúa.

“Richarte y Pirotta pedían por favor que a “El Hurón” lo dejaran bagallear”, apuntó una fuente de la investigación, en relación al clásico contrabando de artículos electrónicos y tecnológicos de alto valor (“bagallo”). Otra fuente apunta que quizás ello sea cierto, pero que en los últimos tiempos hubo un distanciamiento entre los reconocidos abogados, de muy buena llegada a los fueros federal y penal económico, y el dueño de RSI.

Al igual que Peré, corre la versión que Roberto “El Hurón” Bouza vive desde hace muchos años en Miami, siendo allí un importante empresario, importador o bagallero, según a quien se escuche hablar de él. Sin embargo, si el juez Cattania quisiera ubicarlo, vive en un elegante penthouse -sería de tres pisos- ubicado en Olleros y Soldado de la Independencia, pleno barrio conocido como “Las Cañitas”.