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La historia que conmueve a la Aduana en los últimos días es la de Omar Ramírez, el guarda que se suicidó tras ser denunciada por el subdirector de Legal y Técnica, Germán Muiño, junto a otros compañeros ante la Justicia Federal, por un hecho que ni siquiera fue investigado durante un día antes de llegar a la instancia judicial. La génesis de esta historia fue anticipada por Minuto de Cierre (https://www.minutodecierre.com/nota/2022-5-4-13-46-0-el-sumario-que-provoco-el-suicidio-del-guarda-aduanero-lo-firmo-traverso-pero-todos-apuntan-a-muino), así como los errores y apresuramiento de la denuncia (https://www.minutodecierre.com/nota/2022-5-5-23-20-0-la-denuncia-de-german-muino-que-provoco-el-suicidio-del-guarda-aduanero-criticada-por-sus-errores-y-apresuramiento), como también la sentida manifestación que este lunes realizaron ex compañeros de Ramírez, en un acto convocado por el gremio (https://www.minutodecierre.com/nota/2022-5-9-21-56-0-los-aduaneros-realizaron-una-protesta-en-la-sede-central-del-organismo-por-el-suicidio-del-guarda-omar-ramirez).

Sin embargo, la premura que mostró Muiño para denunciar a personal de base del organismo, no es la misma para cobrarle a la automotriz Toyota u$s 3,5 millones por importaciones mal realizadas, tal como recomendó la dirección de Investigaciones de la Aduana hace más de un mes, esperando una confirmación –o rectificación- de la subdirección de Legal y Técnica que este abogado conduce. Si valida la recomendación de Investigaciones, Toyota deberá pagar u$s 3,5 millones por perjuicio fiscal. En cambio, si Muiño cambia el criterio a denuncia formal (y no infraccional), la multa será de apenas 2.000 dólares.

Algunos creen que es sólo una demora normal la de Muiño en tomar esta decisión. Otros, en cambio, recuerdan que cuando fue empleado del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), no era de los que más se esmeraba por cobrarle impuesto a las compañías denunciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) o Dirección General de Aduanas (DGA). El TTN es la instancia judicial a la cual acuden las empresas que reciben por parte de la AFIP la orden de pagar impuestos mal liquidados, y allí se refrendan o corrigen los argumentos del organismo.

 

Las dos maniobras de Toyota

 

Los comportamientos detectados por la Dirección de Investigaciones son muy elaborados, es difícil considerarlos error en una empresa tan importante como Toyota. Por un lado se detectó subfacturación; por el otro, importaciones prohibidas.

Todo el asunto trata de inyectores para automóviles. La primera maniobra fue declararlos como inyectores cuyo diámetro es mayor a 20 milímetros, que se usan para motores de barcos, ferrocarriles o transportes de gran envergadura, que la empresa japonesa no fabrica en el país. Los mismos se importan a través de una posición arancelaria -la 8409.99.61- que paga 2% en concepto de derechos de importación.

Pero, en realidad, y según detectó Investigaciones a través de apertura de containers e inspección física, los inyectores que llegaban tenían un diámetro menor a 20 milímetros, son los que se usan para automóviles y pagan 16% como derechos de importación.

La investigación arrojó que, entre 2017 y 2021 esta maniobra fue tan habitual y repetida que esa diferencia de tasa de importación -del 2%, cuando se debería haber pagado el 16%- arrojó un perjuicio fiscal estimado en 450.000 dólares. El encuadre normativo es el artículo 954, inciso a, del Código Aduanero. Todas esas importaciones fueron canalizadas a través de la Aduana de Campana, elegida por muchos barcos para exportar e importar.

 

La otra maniobra: importar mercadería prohibida

 

En este caso, el perjuicio fiscal sería mayor, de alrededor de 3 millones de dólares. Mediante la posición arancelaria 8409.99.900C se traían “culatas clasificables”, que requieren un permiso de importación, pues están bajo el régimen de Licencias No Automáticas (LNA). En lugar de solicitar la respectiva licencia, esta importante fábrica automotriz realizó esa importación declarando otros bienes que no requieren autorización.

Por ello, esta infracción -a diferencia de la anterior- es de mercaderías prohibidas, una figura definida en el artículo 954 inciso b) del Código Aduanero. De acuerdo a la investigación realizada, que llevó alrededor de seis meses, en este caso el perjuicio fiscal ronda los tres millones de dólares. “La operatoria es de mercadería prohibida porque la documentación no fue presentada cuando se nacionalizó el material, y se trata de productos utilizados para la fabricación de automóviles”, apuntó a Minuto de Cierre una fuente cercana al tema.

 

La multa, millonaria o barata, en manos de Muiño

 

Muiño tiene ante sí dos decisiones posibles. Si toma el trabajo que hizo Investigaciones, y lo considera -como esa dirección recomendó- una denuncia infraccional, la multa para la automotriz de origen asiático rondará los 3,5 millones de dólares. El otro camino es cambiar de decisión y considerar al caso una denuncia formal. En ese caso, la multa será de sólo 2.000 dólares, 1.000 por cada infracción investigada.

De su paso por el Tribunal Fiscal de la Nación se recuerdan varias cosas de Muiño. Por ejemplo, que en 2011 lo despidieron porque no consideraban satisfactoria su performance, pero luego volvió por un defecto formal en el despido. También, que cuando se fue voluntariamente es porque no le ofrecieron el cargo de secretario, que él anhelaba.

Desde el mismo iba a tener un poder de decisión que hoy, por ejemplo, tiene en su cargo de la Aduana, con clara incidencia sobre empresas exportadoras e importadoras, y también sobre las personas. Como demostraron la desgracia de Omar Ramírez y la tolerancia con Toyota, Muiño no mide siempre con la misma vara.