El Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía tras el rechazo judicial a una cautelar para frenarla
Este martes 18 de mayo a las 13 el Gobierno nacional abrirá los sobres con las ofertas de la licitación pública para la concesión de la Hidrovía Paraná – Paraguay a través de la plataforma digital oficial Contrat.ar.
En medio de cuestionamientos judiciales y denuncias por presuntas irregularidades, el Gobierno nacional avanza este martes 18 de mayo con la apertura del Sobre N°3 de la licitación pública para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La instancia será clave porque allí se conocerán las ofertas económicas presentadas por las empresas que siguen en carrera para quedarse con uno de los corredores logísticos más importantes del país.
A pocas horas de la definición, la Justicia rechazó una medida cautelar que buscaba suspender el procedimiento y habilitó la continuidad del proceso licitatorio impulsado por el Ejecutivo. En el procedimiento compiten las compañías belgas Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), quienes quedaron precalificadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a través de la Resolución 28/2026.
La Justicia rechazó una cautelar contra la licitación
En la previa a la apertura de sobres, el fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó a favor de rechazar el pedido para frenar la licitación pública de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La Vía Navegable Troncal (VNT) es considerada estratégica para el comercio exterior argentino por su rol central en el transporte de exportaciones agroindustriales.
La postura del fiscal se conoció pese a las advertencias realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que detectó presuntas anomalías en el procedimiento encabezado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El dictamen de Marijuan se presentó en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas. Allí se investigan posibles delitos vinculados a la administración anterior de la VNT.
En ese expediente, la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad había solicitado una medida precautelar de “no innovar” para detener las acciones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación vinculadas a la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/2025.
El objetivo era suspender el avance del proceso licitatorio destinado a las obras de modernización, dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía.
Las advertencias de la PIA y las empresas que siguen en carrera
La organización civil apuntaba específicamente a impedir la apertura del Sobre Nº 3, una etapa determinante del cronograma ya que allí se presentan las ofertas económicas que definirán la futura adjudicación.
El pedido para frenar la licitación, así como también la firma de contratos y el inicio de las obras, se apoyó en un informe elaborado por el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, donde se señalaron presuntas irregularidades heredadas de procesos anteriores.
Entre las principales observaciones del organismo se mencionaron deficiencias ambientales, falta de actualización de los estudios de impacto ambiental y cuestionamientos sobre la audiencia pública correspondiente.
Además, el informe advirtió sobre posibles restricciones a la competencia debido a limitaciones para determinados tipos de estructuras societarias y por un esquema de evaluación técnica bajo sospechas de direccionamiento.
La PIA también puso el foco en cláusulas contractuales consideradas ambiguas en materia de anticorrupción y transferencia de contratos, así como en limitaciones al acceso ciudadano a la información. Según el reporte, se expusieron más de 9.000 páginas de documentación técnica en plazos reducidos, lo que podría afectar principios contemplados en el Acuerdo de Escazú.
Otro de los puntos cuestionados fue la obligación de transferir US$ 35 millones a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), actualmente en proceso de liquidación, por deudas heredadas cuyo origen no estaría debidamente respaldado en la documentación oficial.
Sin embargo, Marijuan consideró que el pedido cautelar no cumplía con los requisitos jurídicos necesarios para suspender la licitación. Según explicó, la causa penal principal investiga presuntas deudas del Estado con la firma Compañía Sudamericana de Dragados S.A., supuestos desvíos en un concurso previo y una posible defraudación en la administración de la VNT durante 2023, por lo que las observaciones de la PIA no guardan relación directa con el objeto del expediente.
El fiscal también sostuvo que no se acreditó una ilegalidad manifiesta ni un peligro irreversible que justificara paralizar una obra pública de semejante magnitud. Además, recordó que en la Justicia Federal de Santa Fe ya se rechazaron medidas cautelares similares en el marco de un amparo ambiental colectivo.
Mientras tanto, continúan en competencia las compañías belgas Jan De Nul NV y DEME NV, que lograron superar las exigencias técnicas, financieras y operativas establecidas en los pliegos oficiales.
Por el contrario, la empresa brasileña DTA Engenharia quedó fuera del proceso luego de que la evaluación oficial determinara que no presentó la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito obligatorio dentro de la licitación.
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