Diputados aprobó la reforma de la ley de Glaciares: cuáles son los cambios
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y convirtió en ley una iniciativa que modifica el actual esquema de protección ambiental y habilita nuevas condiciones para el desarrollo de actividades productivas.
El proyecto, promovido por el oficialismo de La Libertad Avanza, consiguió sanción definitiva con el acompañamiento de bloques aliados y sectores dialoguistas, en el marco de una estrategia orientada a incentivar inversiones en sectores como la minería y los hidrocarburos.
El debate se desarrolló en medio de un fuerte clima de tensión entre quienes impulsan la llegada de capitales para reactivar la economía y quienes alertan por los posibles impactos ambientales, particularmente en lo vinculado con la preservación de recursos naturales estratégicos como las reservas de agua dulce.
Qué modificaciones introduce la nueva ley de Glaciares
La normativa previa, sancionada en 2010, contemplaba una protección amplia para glaciares y zonas periglaciares, donde quedaban prohibidas distintas actividades extractivas. La reforma aprobada incorpora un criterio más flexible, sustentado en evaluaciones técnicas y segmentación territorial.
Entre los principales cambios establecidos en el nuevo texto se destacan modificaciones estructurales en el régimen de protección y fiscalización:
Protección selectiva de glaciares: Solo contarán con resguardo pleno aquellos glaciares considerados estratégicos o esenciales para el abastecimiento de agua.
Fin de la protección automática en zonas periglaciares: Estas regiones dejarán de estar protegidas de manera automática y su preservación dependerá de estudios técnicos específicos.
Habilitación de actividades productivas: Se permitirá el avance de proyectos mineros e hidrocarburíferos en áreas anteriormente restringidas, siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental.
El debate ambiental detrás de la reforma
Otro de los puntos centrales de la nueva legislación es el mayor peso que tendrán las provincias en la toma de decisiones. Cada jurisdicción podrá determinar qué áreas proteger, cuáles habilitar y aprobar los estudios ambientales correspondientes.
Además, se reduce el rol del sistema científico, ya que el Inventario Nacional de Glaciares pierde carácter vinculante y el control quedará principalmente bajo la órbita de las autoridades provinciales.
Desde sectores opositores y organizaciones ambientalistas advirtieron que la reforma podría debilitar la protección de glaciares y comprometer reservas fundamentales de agua dulce.
Las principales críticas están dirigidas a la flexibilización de restricciones y al traspaso de competencias hacia las provincias, algo que, según sostienen estos sectores, podría derivar en criterios desiguales entre jurisdicciones y una baja en los estándares de control ambiental.
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