Paraguay: destituyeron a Santiago Peña tras el escándalo del Ueno Bank y asumió Pedro Alliana
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes por el Senado mediante un juicio político, luego del escándalo financiero vinculado al Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. Tras la decisión parlamentaria, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente del país.
La resolución del Congreso tuvo consecuencias judiciales inmediatas. El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal por el caso Ueno Bank.
En el caso del exmandatario, la Fiscalía dispuso que permanezca detenido en su domicilio hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. En tanto, Carvallo deberá cumplir la medida en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, solicitaron al comandante de la Policía Nacional que imparta las instrucciones necesarias para concretar las órdenes de detención.
Juicio político a Santiago Peña: los motivos de la destitución en Paraguay
Peña había presentado su renuncia el jueves, después del colapso de la entidad financiera con la que había mantenido vínculos comerciales en el pasado. Sin embargo, el Congreso rechazó su dimisión y resolvió continuar con el proceso de juicio político.
La destitución se aprobó por unanimidad: los 44 senadores votaron a favor de declarar culpable al presidente, quien quedó apartado de su cargo.
Durante el debate, el senador Rafael Filizzola cuestionó el funcionamiento y el crecimiento de Ueno Bank. Señaló que la entidad fue creada en un mes, después de operar como financiera, y denunció que, a partir de entonces, “se direccionaron fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS), de Itaipú y de otras instituciones del Estado hacia la entidad”.
Además, sostuvo que todos los directivos dependían del presidente de la República.
Filizzola calificó el episodio como uno de los hechos de corrupción “más grandes desde el retorno de la democracia” y advirtió que el caso representa un “perjuicio enorme para el Estado, las personas afectadas y la credibilidad del país”.
La defensa de Peña cuestionó el juicio político y calificó el proceso de nulo
Antes de la votación, la Cámara Alta realizó una sesión extraordinaria en la que escuchó los argumentos de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, representantes de Santiago Peña.
Los defensores del mandatario sostuvieron que el procedimiento era “nulo desde que el presidente presentó renuncia”. También cuestionaron el contenido del libelo acusatorio, al afirmar que incluía “recortes de periódicos y publicaciones de audios”. En ese sentido, argumentaron que “no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”.
Durante su exposición, los abogados reconstruyeron la cronología de Ueno Bank desde el gobierno de Mario Abdo Benítez y afirmaron que la transformación de la financiera en banco había comenzado dos años antes de que Peña llegara a la Presidencia.
“Dos años antes de asumir Peña, estábamos hablando de que Ueno estaba comenzando el proceso de conversión a banco. ¿Qué tenía que ver Santiago Peña en ese momento? Nada, porque, por ejemplo, en el 2022 estábamos denunciando que algunas personas revelaron información privada sobre cuánto era su salario en un banco. No estaba en el sector público”, argumentó la defensa.
Previamente, Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político. Sin embargo, el Senado rechazó el pedido, por lo que el presidente estuvo representado por sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro.
En paralelo al proceso parlamentario, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña Palacios.
También ordenó conformar un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar las denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en esa entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.
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