Crisis en Paraguay: Santiago Peña anunció que enfrentará el juicio político tras el escándalo de Ueno Bank
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves por la noche que se presentará ante el Congreso para enfrentar el juicio político en su contra y ejercer su derecho a la defensa. La decisión modificó su postura inicial, luego de que horas antes comunicara su renuncia en medio de la crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en X.
En la misma comunicación, Peña remarcó que participará del proceso aunque considere que los legisladores ya tienen una decisión tomada. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, agregó.
El presidente también manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones sobre las irregularidades financieras que desencadenaron el escándalo, aunque no reconoció responsabilidades. “Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo.
Además, pidió que la discusión sobre su continuidad en el poder no interfiera en la devolución del dinero a los clientes afectados por la intervención de Ueno Bank.
“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, advirtió.
Por último, llamó a mantener la calma y aseguró que respetará el resultado del proceso institucional. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, concluyó.
Juicio político a Santiago Peña: una sesión sin quorum y la disputa por su renuncia
El anuncio presidencial se conoció después de una jornada de máxima tensión política en Paraguay y poco antes de una nueva sesión extraordinaria del Senado, convocada para las 19.45, en la que se debatirá el juicio político contra Peña.
Horas antes, una sesión conjunta de diputados y senadores que debía resolver si aceptaba la renuncia del presidente terminó suspendida por falta de quorum. La decisión se produjo cuando comenzaba a imponerse la postura de rechazar la dimisión.
La interrupción del debate postergó una definición institucional y benefició momentáneamente a los sectores que pretendían aceptar la renuncia para evitar que el proceso de juicio político llegara hasta una eventual destitución.
Por ahora, Santiago Peña continúa al frente del Poder Ejecutivo, debido a que el Congreso todavía no aceptó formalmente su dimisión ni se concretó su destitución. El artículo 202 de la Constitución establece que el Poder Legislativo tiene la atribución de aceptar o rechazar la renuncia presidencial. Hasta que exista una resolución, el mandatario conserva sus funciones.
Previamente, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político, pese a que el presidente ya había manifestado su intención de dejar el cargo.
En medio de las deliberaciones, el ministro del Interior, Enrique Riera, presentó formalmente su renuncia ante el Congreso.
Por otra parte, Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana. De esta manera, quedó despejado el camino para que pueda asumir la presidencia cuando se formalice la salida de Peña. El mandato constitucional finaliza en agosto de 2028.
La controversia enfrenta dos mecanismos institucionales con consecuencias distintas. El artículo 202 contempla el procedimiento para aceptar o rechazar una renuncia presidencial, mientras que el artículo 225 establece las condiciones para llevar adelante un juicio político, que necesita una acusación de Diputados y una resolución del Senado.
La oposición sostiene que aceptar la dimisión permitiría a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, una situación que, según sus legisladores, podría dificultar eventuales investigaciones judiciales. Por ese motivo, denunció un posible pacto de impunidad y reclamó que el proceso continúe hasta la destitución.
El oficialismo, en cambio, había defendido la aceptación de la renuncia como una alternativa institucional para acelerar la sucesión presidencial.
La crisis también profundizó las diferencias dentro del Partido Colorado. Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo padrino político de Peña, le retiró su respaldo y manifestó públicamente su apoyo al juicio político.
“No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, expresó Cartes en un comunicado.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña por sus posibles responsabilidades en las irregularidades vinculadas con Ueno Bank. La denuncia quedó a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Ueno Bank: el colapso financiero que desató la crisis política en Paraguay
El escándalo comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) puso en marcha un procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había registrado un crecimiento acelerado desde su transformación en banco, a fines de 2023.
La intervención implicó la suspensión de las operaciones, el cierre de sucursales y el bloqueo de retiros, transferencias y depósitos. La situación generó una suerte de corralito financiero y provocó una ola de protestas en Asunción.
Ueno Bank contaba con más de tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya, y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, aproximadamente 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de las jubilaciones y la cobertura sanitaria.
El BCP fundamentó la medida en el deterioro de la situación patrimonial de la entidad. Según detectó, el índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido. También identificó préstamos otorgados a empresas relacionadas con el mismo grupo económico que excedían los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad financiera del banco.
El caso tomó rápidamente una dimensión política debido a los vínculos de Santiago Peña con Ueno Holding, perteneciente al Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta marzo de 2025. A esto se sumó que el mandatario había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, quien presentó su renuncia esta semana en medio de la controversia.
La oposición acusó al presidente de haber priorizado intereses privados por encima del bienestar público. El libelo acusatorio, presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo, señaló posibles conflictos de intereses y cuestionó su desempeño frente a las irregularidades financieras. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en las instancias correspondientes.
“Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”, afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del juicio político. Según sostuvo, Peña perdió la credibilidad necesaria para gobernar y provocó un grave daño a la confianza pública en el sistema financiero.
Frente al impacto del escándalo, el Gobierno puso en marcha distintas medidas para intentar contener la crisis. Peña suspendió un viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, impulsó cambios en la conducción del Banco Central y respaldó una ley destinada a acelerar la devolución de los depósitos.
Por su parte, el BCP informó que los ahorristas recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1700 dólares. También recordó que los depósitos tienen una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad, es decir, unos 38.000 dólares. Los montos que superen ese límite deberán recuperarse durante el procedimiento de resolución.
Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación por presuntas irregularidades y fueron detenidos ocho directivos y ejecutivos del banco, entre ellos responsables del Grupo Vázquez.
El conflicto también se trasladó a las calles. Durante dos noches consecutivas, cientos de personas se movilizaron para exigir la devolución de sus ahorros y reclamar responsabilidades políticas al grito de “Devuelvan nuestra plata” y “Juicio a Santi Peña”.
Las manifestaciones terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los participantes.
La destitución de Fernando Lugo, el antecedente político que vuelve a escena
La crisis institucional que atraviesa Paraguay también reavivó el recuerdo de la destitución de Fernando Lugo, ocurrida en junio de 2012 y considerada uno de los episodios más controvertidos de la historia política reciente del país.
Lugo, un exobispo que había llegado al poder en 2008 al frente de una coalición de izquierda y centroizquierda, terminó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado.
Su salida se precipitó después de la masacre de Curuguaty, durante un operativo de desalojo de tierras en el que murieron 11 campesinos y seis policías. Tras ese episodio, la oposición promovió un juicio político por mal desempeño. La acusación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de junio, con 76 votos sobre un total de 80 legisladores.
Un día después, el Senado resolvió destituir a Lugo por 39 votos contra cuatro, luego de un procedimiento que duró menos de 48 horas y le otorgó apenas dos horas para preparar su defensa. Su vicepresidente, Federico Franco, asumió en su reemplazo.
La rapidez del proceso generó cuestionamientos internacionales por las garantías del debido proceso. Varios gobiernos de América Latina calificaron la destitución como un golpe de Estado.
Como consecuencia, Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur, en una decisión respaldada por los gobiernos de Cristina Kirchner en la Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y José Mujica en Uruguay.
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