Juicio por YPF: el Gobierno pidió a la Justicia de Estados Unidos suspender la búsqueda de activos embargables
El Gobierno nacional presentó en las últimas horas una solicitud formal ante la jueza Loretta Preska para que se suspenda el proceso de discovery y el pedido de desacato impulsado por los demandantes en el marco del juicio vinculado a YPF. La información fue confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza la estrategia jurídica del Estado argentino en la causa que se tramita en el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York.
En el escrito elevado al tribunal estadounidense, el Estado argentino cuestionó con dureza la conducta de los demandantes y advirtió que los requerimientos realizados exceden los límites razonables del proceso judicial. “El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, sostiene el documento oficial.
Cabe recordar que el discovery es la etapa procesal que habilita a los beneficiarios del fallo a solicitar información con el objetivo de identificar y rastrear eventuales activos embargables que permitan ejecutar la sentencia.
El planteo de la Procuración y los cuestionamientos a los demandantes
Desde la Procuración del Tesoro subrayaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades”. En contraste, remarcaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y que “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.
En esa línea, destacaron que el Estado argentino “realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”, en cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes. No obstante, advirtieron que, pese a ese nivel de cooperación, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Según detallaron, en las últimas semanas “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”. Frente a ese punto, la PTN aclaró que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, en consecuencia, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
Defensa de la soberanía y advertencia sobre el impacto económico
Desde la Procuración insistieron en que el discovery promovido por los demandantes “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”. En ese sentido, alertaron que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que el organismo calificó como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Finalmente, el Gobierno ratificó su postura de avanzar con una defensa integral del país en todas las instancias disponibles. “La República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”, concluyeron desde la PTN.
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