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El Consejo de Mayo se reúne este martes desde las 9 en la Casa Rosada. Con la reforma laboral como prioridad en la agenda, la reunión está encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien actúa como articulador entre el Gobierno nacional, los gobernadores, el sector empresarial y los sindicatos.

Entre los asistentes destacados se encuentran Alfredo Cornejo, en representación de los gobernadores; Gerardo Martínez (UOCRA) por la CGT; Martín Rapallini, de la UIA, en nombre del empresariado; Cristian Ritondo, enviado por la Cámara de Diputados; y Carolina Losada, por el Senado.

Aunque la reforma del régimen laboral es el principal objetivo a corto plazo, el oficialismo también avanza en proyectos complementarios vinculados con la reforma tributaria y la modificación del sistema previsional. Estas propuestas forman parte del paquete de iniciativas que el Gobierno planea debatir tras las elecciones de octubre.

Un debate clave en medio de tensiones fiscales con las provincias

El encuentro se da en un contexto marcado por la reciente decisión de los gobernadores de impulsar una ley para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos, como forma de recuperar fondos recortados por la administración de Javier Milei. Esta iniciativa podría convertirse en la primera en ser tratada en el Congreso sin el respaldo de un eventual veto presidencial, si cuenta con el aval de los legisladores alineados con los mandatarios provinciales.

Participación sindical: la CGT cedió y se sumó al diálogo

Pese a que inicialmente la CGT había rechazado participar del Consejo de Mayo, finalmente acordó integrar el debate mediante la figura de Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y uno de los dirigentes sindicales con mayor interlocución con el Gobierno. Su presencia refuerza el objetivo del Ejecutivo de avanzar en una reforma con algún grado de consenso entre los distintos sectores sociales.

¿Qué es el Consejo de Mayo y qué propone?

El Consejo de Mayo surgió como un acuerdo promovido por el Gobierno nacional y firmado por la mayoría de los gobernadores, con la excepción de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Este acuerdo se basa en diez principios fundacionales orientados a lo que el oficialismo define como la “reconstrucción de la Argentina”, entre los que se destacan:

• Inviolabilidad de la propiedad privada

• Equilibrio fiscal innegociable

• Reducción del gasto público a niveles del 25% del PBI

• Avance en una reforma tributaria que baje la presión fiscal

• Rediscusión del esquema de coparticipación para evitar el “modelo extorsivo actual”

• Compromiso de las provincias para explotar recursos naturales

Además, el texto insta a una reforma previsional que garantice la sustentabilidad del sistema, reconociendo los aportes de los trabajadores y habilitando la creación de un sistema privado de jubilaciones.

También contempla una reforma política estructural que apunte a realinear los intereses de representantes y representados, y fomente la apertura comercial, con el objetivo de que Argentina recupere protagonismo en el mercado internacional.