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El Senado rechazó el proyecto de ley conocido como "Ficha Limpia" este miércoles por la noche en una sesión que culminó con un giro inesperado. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo 36 votos afirmativos y no alcanzó la mayoría absoluta de 37 necesarios para ser aprobada.

El resultado sorprendió al bloque oficialista, que descontaba tener el respaldo suficiente para sancionar la norma en la Cámara Alta, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, a la ya prevista oposición del kirchnerismo se sumó el voto negativo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, pero alejados del massismo.

Tras la votación, el Gobierno nacional criticó duramente a quienes se opusieron al proyecto y consideró que el rechazo permite que “los afiliados al Partido del Estado continúen impunes presentándose a cargos electivos a pesar de haber defraudado a la administración pública”. Además, acusó a los legisladores que votaron en contra de “priorizar la defensa de sus intereses personales”.

Uno de los efectos políticos del resultado es que la expresidenta Cristina Kirchner podrá seguir siendo candidata en elecciones nacionales. Si el proyecto se hubiese aprobado, la líder del kirchnerismo, condenada en la causa Vialidad, no hubiera podido presentarse en los comicios, a menos que optara por competir por un cargo de alcance provincial, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.

Qué establecía el proyecto de Ficha Limpia

La propuesta buscaba modificar las condiciones de elegibilidad de los candidatos a cargos públicos, excluyendo a quienes tuvieran una condena firme en segunda instancia por delitos vinculados a la administración pública.

Entre los delitos incluidos en el texto figuraban el “fraude en perjuicio de la administración pública” previsto en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal; así como los contemplados en los capítulos VI a XIII del Título XI del mismo cuerpo legal, que abordan delitos como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento.

También quedaban alcanzados “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento” y que esté contemplado bajo lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Con este revés legislativo, el proyecto queda archivado, al menos por ahora, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los requisitos éticos y judiciales que deben cumplir quienes aspiran a ocupar cargos públicos en la Argentina.