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El Gobierno argentino pidió a la Justicia de Estados Unidos que indague sobre el proceso de nacionalización de YPF llevado a cabo durante la gestión de Cristina Kirchner. La solicitud se realizó en el marco de la causa en la que la jueza Loretta Preska condenó al país a pagar US$16.000 millones.

Preska requirió a la Argentina y a los beneficiarios del fallo que emitieran su opinión respecto a la presentación realizada por la entidad Republican Action for Argentina (RA4ARG), representada por el abogado Fernando Irazu. Esta ONG solicitó la intervención en el caso con el objetivo de lograr la anulación de la sentencia. Se espera que la magistrada emita una decisión al respecto antes del viernes 28 de febrero.

En su respuesta a la jueza, el Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, reafirmó “su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.

Además, manifestó “la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”.

La estrategia legal del Ejecutivo está a cargo del subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, debido a que el procurador Santiago Castro Videla se excusó de intervenir en el litigio. Desde el Gobierno señalaron que han asumido la defensa del Estado “en base a hechos en los que ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada”.

A su vez, remarcaron que ante esta “situación heredada”, se tomarán todas las medidas posibles para encontrar soluciones que permitan, a pesar de las dificultades, revertir la sentencia o mitigar sus consecuencias. En este sentido, subrayaron que el país ejercerá su derecho de “legítima defensa, agotando todas las instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”.

En la presentación, el Gobierno también aseguró que “toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble”. Además, reiteró que, “debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RA4ARG, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso”.

Juicio por YPF: el Gobierno debe proporcionar información sobre el oro del BCRA

En paralelo, el Gobierno argentino se comprometió a entregar información sobre la localización del oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) este viernes 28 de febrero. La medida responde a un requerimiento de la Justicia estadounidense en el marco del litigio por la expropiación de YPF, luego de un pedido realizado por los beneficiarios del fallo.

El fondo Burford, que busca ejecutar la condena de US$16.000 millones mediante embargos, presiona para avanzar sobre activos de instituciones estatales como el BCRA, el Banco Nación y la propia YPF. En este contexto, exigió que el Gobierno proporcionara detalles sobre bienes y cuentas bancarias del Estado, tanto dentro como fuera del país.

Tras varias instancias en las que el Ejecutivo intentó evitar la divulgación de esta información, la jueza Preska ordenó cumplir con la solicitud y advirtió que Argentina había destinado demasiado “tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos”.