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La Justicia de Estados Unidos autorizó este miércoles el embargo de activos del Estado argentino depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal estadounidense (Fed), en el marco de la deuda en default de 2001. Esta medida marca un avance significativo para los acreedores que llevan más de dos décadas esperando el cobro de lo adeudado por bonos que quedaron impagos en esa crisis financiera.

La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, ratificó el fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de la misma ciudad, que había permitido que los acreedores embarguen bonos del Tesoro de Estados Unidos en poder de Argentina. En total, estos activos embargables rondarían los 187 millones de dólares.

Se trata de títulos utilizados como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos por Argentina a principios de la década de 1990 y que vencieron en marzo de 2023. Los bonos Brady fueron creados durante una reestructuración de la deuda en los años 90, bajo la administración del secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, como parte de un esfuerzo por refinanciar la deuda acumulada en décadas anteriores.

El especialista en mercados financieros Sebastián Maril, quien sigue de cerca los litigios internacionales de Argentina, explicó el contexto adverso para el país: "En tan sólo un mes, la Argentina ha perdido varias apelaciones y fallos, incluyendo el del cupón PBI en Londres por 1.500 millones de dólares y la certificación del fallo del Ciadi en Estados Unidos por el caso de Aerolíneas Argentinas, sumando 340 millones de dólares". Maril criticó la estrategia legal argentina, señalando que "dejar que las cortes hablen no es una estrategia, es una excusa para no tener una".

Maril, quien es consultor en Latam Advisors y recibe información de los fondos especulativos involucrados, suele brindar actualizaciones detalladas sobre los avances en los juicios que enfrenta Argentina en el exterior. En este caso, los principales acreedores involucrados incluyen a los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, que compraron deuda en default de 2001 a inversores originales que no participaron en los canjes de deuda realizados por Argentina en los años 2005, 2010 y 2016, durante las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, respectivamente.

Se estima que menos del 3% de los tenedores originales de deuda en default de 2001 optaron por no entrar en los mencionados canjes y demandaron al Estado argentino, lo que les valió el mote de "fondos buitre" o "holdouts". Estos fondos continuaron litigando por la deuda no reestructurada, que alcanza un total de aproximadamente 420 millones de dólares.

Los títulos embargados son bonos del Tesoro estadounidense con cupón cero, que Argentina mantenía como garantía de los bonos Brady emitidos en la década del 90. Estos títulos habían sido utilizados para refinanciar la deuda acumulada en los años 80, bajo un esquema diseñado por el secretario Brady, que permitía a los acreedores cobrar los bonos del Tesoro de Estados Unidos si Argentina no cumplía con los pagos de intereses.

Esta no es la primera vez que los activos relacionados con los bonos Brady han sido embargados. En 2005, durante el primer canje de deuda en default lanzado por Argentina, estos bonos también fueron objeto de un embargo. Sin embargo, tras los canjes de 2010 y 2016, gran parte de los acreedores aceptaron la reestructuración, liberando así la garantía sobre los bonos del Tesoro. A pesar de ello, los acreedores que no ingresaron en los canjes originales han seguido litigando durante años, lo que culmina ahora con esta autorización judicial para embargar activos argentinos en Estados Unidos.

Esta decisión judicial llega en un contexto donde Argentina sigue enfrentando numerosos juicios internacionales relacionados con la deuda en default y otros conflictos financieros, generando tensiones adicionales en su ya complicada situación económica.