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El expresidente Alberto Fernández compareció este miércoles ante la Justicia para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales. La audiencia, originalmente prevista para el 20 de noviembre, fue postergada a solicitud de la fiscalía.  

Fernández se presentó a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py, media hora antes de lo citado, sin realizar declaraciones públicas. Durante su comparecencia en la sala del cuarto piso, presentó un escrito de descargo y declaró sobre el decreto relacionado con Nación Seguros.

El exmandatario negó haber participado en maniobras fraudulentas, se negó a responder preguntas del juez y del fiscal, y solo contestó las preguntas formuladas por su abogada, Mariana Barbitta.  

La indagatoria concluyó pasado el mediodía, momento en que el expresidente abandonó el edificio nuevamente sin hacer comentarios a la prensa. Fernández está imputado por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con su función pública, en el marco de un esquema que habría beneficiado a Nación Seguros S.A., una empresa estatal, mediante intermediación irregular de seguros públicos.  

La defensa de Fernández  

El expresidente solicitó la suspensión de la indagatoria, argumentando que la acusación era “confusa y generalizada”. Además, pidió la nulidad de la citación alegando que la Corte Suprema aún no había resuelto su recusación contra el juez Julián Ercolini, encargado del caso.  

La defensa planteó que la imparcialidad del juez debía definirse antes de continuar con la causa. Sin embargo, este pedido fue rechazado, ya que la Justicia consideró que la citación estaba debidamente fundamentada y no podía ser suspendida. El juez Ercolini destacó que la indagatoria es un acto clave para que el acusado ejerza su derecho de defensa y que la claridad de las acusaciones no afecta la validez del proceso.  

El caso de los seguros  

La investigación se centra en el decreto 823/2021, firmado por Fernández en diciembre de ese año, que obligaba a los organismos estatales a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros. Según la acusación, esta normativa habría sido diseñada para beneficiar a intermediarios privados, eliminando la licitación pública y la competencia.  

La causa involucra a más de 40 personas, incluidos funcionarios y empresarios, señalados por supuestamente direccionar contratos de seguros en beneficio de particulares. Entre ellos, se destacan el exdirector de Nación Seguros Alberto Pagliano y otros exfuncionarios imputados por participar en el esquema.  

El juez Ercolini considera que las pruebas reunidas hasta ahora son suficientes para avanzar en el proceso. El decreto 823/2021 es un elemento clave en la acusación y fue derogado en 2024 por el presidente Javier Milei mediante el decreto 747/2024.  

Perspectivas del caso  

Además de Fernández, otros involucrados serán indagados próximamente, incluyendo al broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, exsecretaria personal del expresidente. Mientras la causa avanza, se esperan definiciones sobre recusaciones y planteos presentados, lo que podría generar demoras adicionales en el desarrollo del expediente. 

Desde el entorno de Fernández, aseguran que el expresidente no tuvo injerencia en la incorporación de intermediarios privados y que la medida cuestionada ya había sido dispuesta antes de su firma. Su abogada, Mariana Barbitta, afirmó que Fernández ni siquiera conocía a la mayoría de las personas imputadas junto a él.  

El futuro judicial del expresidente y de los demás involucrados quedará sujeto a la evolución de la investigación y a la resolución de los recursos planteados.