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No se le hubiera ocurrido ni siquiera a Gabriel García Márquez, el mayor exponente del realismo mágico latinoamericano. Esteban José Rosa Alves, que en septiembre del 2020 fue procesado por una contratación irregular, para ese momento se desempeñaba como subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, en ese entonces conducido por la antropóloga Sabina Frederic.

Como si ese combo -un procesado en control institucional, una antropóloga al frente de la Seguridad- no alcanzara, el funcionario cuestionado se integró al organismo del Estado con mejores sueldos y gran responsabilidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Allí arrancó en la Dirección de Sumarios Administrativos, dentro del área de Recursos Humanos. Pero su ascenso meteórico no se detuvo, pues hace días -el lunes 23 de mayo- fue designado director interino -pero director al fin- de Coordinación Judicial de la AFIP.

“Hace un año entró por la ventana como contratado, y ahora lo pasaron a planta permanente en un cargo importante. Formar un inspector de la AFIP lleva entre 5 y 8 años, pero a la actual gestión le alcanzó un día de planta permanente para nombrar director a Rosa Alves”, lamenta un funcionario que conoce muy bien el organismo dirigido hoy por Marcó del Pont. “Hasta su apellido es confuso, parece nombre de mujer, aunque el Esteban José y sus antecedentes judiciales nos hacen saber que es hombre”, ironiza.

En la Disposición 95/2022, que sólo lleva la firma de Marcó del Pont (y puede leerse completa en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/263273/20220526), no se dan más razones que su antecedente “en el ámbito de la Dirección de Sumarios Administrativos, de la Subdirección General de Recursos Humanos”. Sin embargo, Rosa Alves no sólo contaría con un importante padrinazgo, sino también con lo que algunos consideran un estado de confusión generalizado en la AFIP.

 

Irregularidades en el ministerio que conducía Nilda Garré

 

Esteban José Rosa Alves fue procesado en septiembre de 2020, cuando la Justicia iba al lento ritmo de la pandemia. Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti consideró que tanto él como el ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, pagaron como excelente un material que apenas era regular.

El fallo señaló que “el material resultó de una calidad inferior al pagado” y que las compras “eran inidóneas para satisfacer la necesidad de modernizar el sistema de seguridad de la Ciudad Autónoma”. Se trató de una serie de irregularidades en la contratación con una empresa israelí para modernizar el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, lo que significó una inversión de US$ 41.800.141.

El fallo fue detallado en una nota del portal Infobae: https://www.infobae.com/politica/2020/09/23/procesaron-a-un-funcionario-del-ministerio-de-seguridad-por-una-contratacion-millonaria-durante-la-gestion-de-garre/?outputType=amp-type. Allí se cuenta que “la contratación de la empresa israelí C. MER INDUSTRIES LTD, a través del Ministerio de Defensa de Israel, se concretó a mediados de 2011, en el marco del Programa “Buenos Aires Segura” (BAS), que supuestamente iba a permitir monitorear los domos instalados en 200 patrulleros tecnológicos y en 1200 cámaras de vigilancia. Además, contemplaba la modernización completa del 911”.

En ese momento, según se explica, también se promocionaba la inversión como una mejora para “manejar de forma remota las cámaras, detectar automáticamente un rodado con pedido de secuestro, indicar el mejor recorrido y los protocolos de intervención adecuados, obtener en tiempo real las imágenes y datos capturados por las cámaras y computadoras de los patrulleros, y supervisar y coordinar en tiempo real a patrulleros y agentes”.

En apenas seis meses, cuando el Proyecto BAS todavía estaba en sus comienzos, el Gobierno argentino ya había desembolsado u$s 41.800.141. Por su parte, la Fiscalía a cargo de Ramiro González puso el acento en el proceso de contratación, que habría violado el régimen de contrataciones.

La investigación judicial acumuló distintas auditorías que ratificaron las fallas del sistema contratado. En el fallo se destaca un informe de la Sindicatura General de la Nación que da cuenta de “fallas graves y reiteradas en los distintos aplicativos que componen el sistema de recepción y despacho de llamadas del Centro de Comando y Control 911 de la Policía Federal Argentina, ocasionando interrupciones que afectaron los servicios de llamadas de los ciudadanos”.

El proyecto fue tan fallido que los sistemas de seguimiento estaban pensando para unos patrulleros distintos a los que terminó usando la Policía Federal Argentina, y el sistema de comunicaciones no funcionaba bien por las interferencias.

“El desenlace del Proyecto BACS -destaca el fallo- fue su culminación, tras más de 3 años después de iniciado, con el pedido del Ministerio de Seguridad para rescindir el contrato con la empresa MER, cuando ya se habían efectuado la totalidad de los pagos al estado de Israel por la implementación de un servicio que no funcionó y sin que haya constancias del inicio por parte del estado nacional”.

La función de Rosa Alves era, justamente, verificar si el acuerdo tenía alguna contradicción con la normativa argentina. El nuevo director de la AFIP consideró que no, pero el fallo de la jueza Capuchetti dice justamente lo contrario.