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Sanity Care es una empresa de servicios médicos que se hizo famosa de la manera que sus dueños no hubieran querido. Tras una investigación del diario La Nación, se detectó que cobraba $ 6 millones por día los hisopados de COVID-19 en el Aeropuerto de Ezeiza; que lo hacía a través del Laboratorio LabPax, creado por dos monotributistas; que no tenía experiencia en el tema; y además que muchos pasajeros creían que en realidad los hisopados no eran tales, pues les entregaban el resultado más rápido de lo normal.

Luego de estas revelaciones, Sanity Care perdió su contrato con Aeropuertos Argentina 2000 y fue denunciada ante la Justicia Federal. Sobre lo primero, la empresa de Eduardo Eurnekian resolvió reemplazarla por Stamboulian Servicios de Salud, del reconocido medico infectólogo Daniel Stamboulian, desde mediados de mayo, tanto en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como en Aeroparque, las dos terminales que reciben pasajeros desde el exterior. Por otra parte, Sanity Care fue denunciada por el Ministerio de Salud ante la Justicia Federal, lo que derivó en una causa que por ahora produjo allanamientos en la empresa y en AA2000.

Sin embargo, más allá de este escándalo nacional, con causa judicial en curso, la opacidad informativa de las provincias suele brindar buenas oportunidades de negocios. Es el caso de Sanity Care en San Juan, que tiene un importante contrato por atención domiciliaria -en casos de COVID-19- con la Obra Social Provincia, que tiene 140.000 afiliados entre los empleados de la administración estatal de la provincia.

Según averiguó Minuto de Cierre, entre enero y abril de este año Sanity Care Internación Domiciliaria S.R.L. le facturó $ 14,5 millones a Obra Social Provincia. El problema no es ese número sino la contraprestación que ofreció a cambio. Según fuentes ligadas al tema, habría sido a cambio de atender apenas a 100 pacientes con COVID-19 en sus domicilios, evitando así su internación en centros hospitalarios. Un número que resulta difícil de creer, y que en todo caso debería ser objeto de una auditoría. En San Juan hablan de un “trato preferencial” para la firma de salud. 

El interventor de Obra Social Provincia es Daniel Gimeno, responsable del contrato con Sanity Care. Las opiniones sobre la prestación y el alcance político del contrato con Sanity Care se dividen. Algunos creen que brinda un buen servicio, otros creen que es deficiente. En cuanto a la política, la versión más extendida es que la empresa llegó a la provincia de manos del ex gobernador José Luis Gioja. 

El tema es saber si la contratación, aunque no se trate de una suma significativa, cuenta con el visto bueno de Uñac. Algunos creen que el actual gobernador está demasiado concentrado en ver si puede proyectar su figura a nivel nacional. En términos de la interna del Frente de Todos, eso significaría que Máximo o Cristina Kirchner le atiendan el teléfono regularmente. En ese empeño, Uñac estaría dejando pasar temas como el de Sanity Care, que puede lesionar su imagen a nivel nacional. Como también el caso de Indram, una empresa que habría cobrado u$s 6 millones para construir una planta para reciclar neumáticos, pero sin cumplir con la obra. En ese caso, como en el de Sanity Care, se apuntó a funcionarios que manejaron el tema sin pasar por la revisión o autorización del gobernador. Para el caso Indram, una firma de la familia Spadone, se apuntó al subsecretario de Medio Ambiente, Raúl Tello y al “operador” Miguel Angel Moro.