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En cualquier país del mundo, un bien importado cuyo precio es mayor al de mercado configura sobrefacturacíón. Uno de los delitos económicos más habituales en el marco del comercio exterior. En la Argentina, sin embargo, el propio constructor e importador para las represas de Santa Cruz, el gigante chino Gezhouba, presentó una declaracíón ante la Aduana admitiendo la sobrefacturación a sí mismo, pues le compra a su casa matriz en China. Con ese solo hecho, a la Aduana, que en un momento amagó con llevar adelante una ambiciosa investigación, le alcanzó para determinar que no hay delito aduanero alguno, más allá que el propio Código nacional y el Tratado de Marrakesh podrían determinar lo contrario. 

Esta historia fue relatada por Minuto de Cierre en varias notas, contando que un camión cementero italiano se pagó al 150% de su valor; que la sobrefacturación podría llegar hasta u$s 150 millones; y que la misma fue habilitada por el ex secretario de Obras Públicas, José López, uno de los pocos ex funcionarios del kirchnerismo que sigue preso, seguramente por lo teatral de su función tirando bolsos con alrededor de u$s 9 millones en un convento de monjas. En definitiva, la obra con sobreprecios permitidos por José López, admitidos por el propio comprador/vendedor, y con una investigación de tres cuerpos, no llamó la atención de ningún fiscal, juez o autoridad del Poder Ejecutivo.

Pero -la parte más divertida siempre viene después del pero- sí generó movimientos hacia el interior del consorcio constructor de las represas, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) donde el socio local y minoritario, Electroingeniería, podría tomar el control de los costos y compras ("la caja", en definitiva) desplazando a Gezhouba. La condición de leal a toda prueba de uno de sus dueños, Gerardo Ferreyra (estuvo preso por "Causa Cuadernos" y su principal declaración fue "no me arrepiento de nada"), podría empujar una decisión política en tal sentido.

Si Electroingeniería puede avanzar en tal sentido, habrá tres nombres a los cuales deberá apuntar: el gerente chino de apellido Wang, el marino mercante Sergio Vidas, y el despachante de Aduana Cristina Grünewold. Wang es un ejecutivo nombrado por Gezhouba, sobrevivirá a cualquier ofensiva; Vidas es quien lo secundaba con muchos contratos, sobre todos los del transporte, generándose ya muchos enemigos; en tanto que Grünewold había permanecido casi oculto hasta ahora.

Apellido alemán, socia china

Según diversas fuentes ligadas a la construcción de las represas, el despachante Cristian Grünewald fue la tercera pata necesaria para el manejo de compras que hicieron Wang y Vidas. Le fue tan bien al despachante en su vínculo con el país de Oriente, que en abril del 2018 fundó la empresa JP Wald S.A. con la empresaria china Shi JING, de su misma edad (52 años ambos en ese momento) y documento argentino de ciudadano nacido en otro país: 92.889.870.

El objeto de la sociedad parece pensado para el negocio de las represas. Según su constitución publicada en el Boletín Oficial, "explotación comercial del transporte de cargas, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes, de mercaderías en general; su distribución, almacenamiento, depósito, embalaje y guardamuebles tanto nacionales como internacionales; por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima en vehículos propios o de terceros". También "destinaciones aduaneras de importación y exportación en todo el territorio nacional, servicios de fletes de importación y exportación en todo el territorio nacional y en el exterior del país". Además, servicios de logística y agentes marítimos tanto importadores como exportadores. La sociedad quedó constituida con Grünewald como presidente y Shi JING de directora suplente. 

En un Boletín Oficial posterior, se aclaró que la socio oriental de JP Wald S.A. en realidad se llama Jing SHI, es decir, se invierten nombre y apellido. Esta empresaria, además, fundó en diciembre del 2017 la sociedad de responsabilidad limitada Alimento Verde. Allí es socio de Sonia Carolina Huang, de similar origen pero con DNI de persona nacida en la Argentina: 39.207.314. El objeto social de Alimento Verde es "la comercialización al por mayor o al por menor en el mercado interno y externo de productos del ramo de alimentación y de cualesquiera otros productos destinados al consumo", entre otros.

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