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El caso conmovió a toda la Aduana, como también a sus empleados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A tal punto, que quizás se produzcan desplazamientos y nombramientos en los próximos días u horas. Tanto los fiscales, como el juzgado Penal Económico a cargo de Alejandro Cattania, avanzan en la investigación; pero además de eso, en las sombras se teje una trama por ahora invisible al alcance de la Justicia.

El aspecto más llamativo es que los dos detenidos parecen “perejiles”; mientras que el importador, punto de pasaje clave de la trama, es un nombre que casi nadie se anima a pronunciar, y aún no está bajo investigación judicial. Hasta ahora, los únicos detenidos de la causa son Leandro y Ángel Antonio Santella, en tanto que el hijo del primero y hermano, Diego, se encuentra prófugo. “Son los choferes del courier, nada más que eso”, confiesan dos hombres que conocen bien esta rama del comercio exterior.

Aunque hay un dato que podría volverlos más que simples choferes. A Diego, el prófugo de los Santella, le dicen “El Tailandés”, por sus frecuentes viajes a ese país del sudeste asiáticos. Su padre y su hermano, en tanto, fueron interrogados pero se negaron a declarar.

Por otra parte, el nombre del importador provoca silencios y respuestas evasivas. Sin embargo, Minuto de Cierre averiguó que se trata de Leandro Patricio González Damiani. Hay tres datos que le ponen un gran halo de misterio. Por un lado, su CUIT es 24-43918341-8, y la numeración en millones -43- daría una edad de aproximadamente 17 años. Por otra parte, no existe en ningún buscador ni red social. Mientras que su constancia de CUIT ante la ARCA (ex AFIP) señala que “no registra impuestos activos”. Aunque sí da una dirección fiscal: Berutti 1782, en Villa Maipú, San Martín, Provincia de Buenos Aires.

 

 

La punta del iceberg, el infartado y el que sigue de compras

 

La hipótesis que manejan algunos empleados de la Aduana, y agentes de comercio exterior, es que González Damiani es una figura clave para RSI, pero también para otros courier. El 14 de abril pasado, el mismo juez de la causa de hachís, Alejandro Cattania, dictaminó el procesamiento, embargo millonario (en algunos casos por más de $ 6.000 millones) y prohibición de salir del país para personas físicas y jurídicas que usaban el sistema de Courier para cometer contrabando.

El fallo señala que “las organizaciones mencionadas ut supra planificaron documentar numerosos envíos como dirigidos a diversos importadores, que en realidad serían encargados por las mismas personas; y por su parte, fraccionar compras de mayor envergadura en envíos por montos menores, de modo tal de poder ingresarlos al país mediante la utilización irregular del Régimen de Courier; ello, con la clara finalidad de eludir los topes de USD 3.000 por destinatario por vuelo”. Además de personas físicas, fueron encontradas culpables de esta maniobra a casi 20 firmas: Punto Oficina S.R.L., Franquimar S.A., Dukis S.R.L., Dulkord Company S.A., Smart Commerce S.A., Ilatina S.A., Isport S.R.L., Novoparts S.R.L., Consoltrade S.R.L., Mi Correo Express S.A., CB Express S.R.L., CNEO Logística S.A., Space Courier S.R.L., Tandem Global Logistics S.A., LHS Worlwide S.A., Forcom S.R.L. y Worlwide Services S.R.L.

Por un lado, estos couriers tienen el CUIT suspendido, y por lo menos uno de ellos ya pidió la quiebra. Pero. además, la sospecha es que por lo menos dos de ellos operaban a través de González Damiani, el hombre, joven o adolescente -su número de DNI confunde- del caso RSI.

En cuanto a los responsables del mismo, Roberto “El Hurón” Bouza habría tenido un problema de salud originado en la trascendencia del caso, y se encuentra internado en un conocido sanatorio de Palermo, cercano al Jardín Botánico. Tanto él como su hijo menor, Facundo, se negaron a declarar y presentaron un escrito. Los videos que está analizando la Justicia muestra a Bouza hijo muy nervioso, y hablando por teléfono casi de modo permanente, cuando lo llamaron a reconocer los filtros de agua que contenían hachís.

Mientras que algunos operadores analizan enviar al juzgado información sobre la actual esposa de Bouza, cuya familia tendría lazos con la última dictadura militar, y que además no para de reprocharle a "El Hurón" que involucró al hijo de ambos -Facundo- en el manejo de RSI y la actual causa judicial. Si cayera sobre algunos de los dos Bouza una prisión preventiva, el tema sería más grave todavía. 

En cuanto a Ignacio Peré, fundado de RSI en septiembre del 2019, y apuntado como socio de “El Hurón” Bouza, hay versiones que lo dan como nuevo dueño de un depósito fiscal, por cuya mayoría accionaria habría pagado u$s 1,3 millones. Este “fiscal”, como se los llama en la jerga, tiene una desventajosa ubicación en el Partido de San Martín, justo donde está el domicilio de González Damiani.

A ese depósito fiscal, hoy deficitario, se le vence el contrato de alquiler. Sin embargo, Peré, ex directivo de Terminal de Cargas Argentina (TCA), ya tiene su estrategia trazada: usaría la licencia para trasladar la operativa a otro predio con mejores accesos. Con la ventaja, además, de una habilitación reciente, la cual le otorga vigencia por más de nueve años.