AFIP: Directores se quejaron ante Cuccioli, se consideran objeto de persecución judicial
De modo inédito, una queja interna del organismo se hizo a través de una carta formal enviada al administrador federal, Leandro Cuccioli. Firmada nada menos que por 30 jefes de agencia y directores regionales. A partir del caso Cristóbal López, cuyo plan de facilidades fue una decisión del entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray, se les asignó responsabilidad penal a dos funcionarios de carrera. Los funcionarios jerárquicos y de carrera se quejan ante Cuccioli porque se sienten objeto de una persecución judicial, y también dentro del organismo.
Las metáforas recorren los pasillos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a tanta velocidad como la preocupación que crecen en los funcionarios del organismo. “Rebelión en la granja”, dicen unos. “Los jefes de agencia y directores regionales estamos en pie de guerra con el administrador federal (AF)”, apuntan otros. “No podemos asumir los daños colaterales de las causas sensibles para cada gobierno”, trinan algunos más.
Minuto de Cierre accedió en exclusiva a una carta firmada por 30 directores regionales y jefes de agencia, los cargos más importantes en la AFIP luego del titular y subdirectores. La misma está dirigida al ingeniero industrial, sin experiencia en temas tributarios, Leandro Cuccioli, a quien casi se acusa directamente de dejarlos indefensos ante una justicia federal adicta al Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
El tema se destapó tras un fallo del juez federal Julián Ercolini, en la causa “López, Cristóbal y otros sobre defraudación contra la administración pública”. El caso es muy conocida: el empresario kirchnerista, hoy preso, retuvo $ 8.000 millones del impuesto interno a los combustibles, mediante su petrolera Oil, y luego el entonces AF, Ricardo Echegaray, le otorgó un plan de facilidades de pago.
Con un fallo que sienta una jurisprudencia hasta ahora inexistente, el juez Ercolini consideró penalmente responsables al Jefe de Agencia (Gustavo Esperón) y al Director Regional (Eduardo Nappa) que formaron parte de la refinanciación de la deuda a Cristóbal López. La cuestión de fondo, y ahí radica la queja de los funcionarios de la AFIP, es que los planes de pago excepcionales son permitidos por el artículo 32 de una ley de 1933 (llamada de Procedimiento Fiscal), y ese artículo establece taxativamente: “Facúltase a la AFIP para conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas” a “aquellos contribuyentes que se acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones”. También señala que la AFIP podrá otorgar esas facilidades a contribuyentes concursados.
El artículo 32, que sobrevive en la normativa argentina desde 1933, y se aplica a sola firma del administrador federal, puede ser injusto, arbitrario, y hasta una norma que permite la discrecionalidad y la corrupción. Pero es legal.
De hecho, en una de las tantas amenazas de juicio oral y público que penden sobre la cabeza de Ricardo Echegaray, este declaró -ante su círculo de confianza- que ansiaba un evento así, público y televisado. “Ahí voy a contar que no sólo otorgué el artículo 32 a Cristóbal López; sino también a Angelo Calcaterra por pedido de su primo Mauricio Macri, al algunas empresas por las que me vino a ver Horacio Rodríguez Larreta, a firmas líderes y medios de comunicación”.
“Zozobra, inquietud y aflicción”
“En todos los gobiernos hay casos sensibles. ¿O acaso el blanqueo de capitales de la familia del Presidente Macri no lo fue? Frente a esto, la AFIP de Cuccioli elige criminalizar -por omisión- a los funcionarios de carrera. Nos expone a trabajar sin cobertura”, se quejó ante Minuto de Cierre un histórico funcionario del organismo.
La carta es muy clara. Habla del “estado de indefensión e incertidumbre que generan estos procedimientos en todos nosotros”. Y expresa “zozobra, inquietud y aflicción por la afectación personal, profesional y familiar que están sufriendo estos funcionarios de carrera Gustavo Esperón y Eduardo Nappa, a quienes injustamente mancharon en su buen nombre y honor, destacando su calidad humana, profesionalismo, probidad y compromiso constante con este Organismo”.
La carta, a la cual Minuto de Cierre accedió en exclusiva, recuerda que “lo actuado por dichos funcionarios no difiere del proceder y la intervención que fuera normal y habitual” en los casos de aplicación del famoso -dentro del organismo- Artículo 32. Y expresa el temor porque “toda intervención realizada en base a nuestro leal saber y entender quede sujeta a futuros reproches penales por eventuales delitos contra la administración pública”.
Más allá de lo escrito, que es muy fuerte, las quejas verbales apuntan a Cuccioli y más allá también. “Jaime Mecicovsky sigue operando, y Carlos Bo supervisa la “Causa de los Cuadernos”, como si fuéramos el Poder Judicial”, apuntó uno de los firmantes de la carta. “Además persiguen gente a través de la Oficina de Integridad Institucional, una especie de “Asuntos Internos” creado por Alberto Abad”, señaló otro. “Mientras tanto, el gremio hace mutis por el foro”, se quejó un tercero.
Una polémica que recién comienza. En un gobierno que necesita recaudar más que cualquier otro, y con un administrador federal que se pone a los principales encargados de esa tarea en su contra. Continuará ….
Nota ADMINISTRACIÓN FEDERAL by minutodecierre.com
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