Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad deberán pagar $685.000 millones antes de fin de mes
El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó la ejecución del decomiso económico en el marco de la causa Vialidad, por la cual fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros ocho imputados. La suma total reclamada asciende a $684.990.350.139,86 y deberá ser abonada antes de que termine julio. En caso de no cumplirse con esta obligación, se procederá al decomiso de bienes a nombre de los condenados.
Los acusados deberán depositar el dinero en una cuenta judicial del Banco Nación abierta a nombre del tribunal. Además de Cristina Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados culpables en el mismo expediente.
Decomiso millonario y embargos previos
Hasta el momento, el tribunal no especificó cómo se dividirá el monto entre los implicados. En la resolución solo se menciona la cifra total y se detallan las medidas generales para garantizar el cumplimiento del fallo. Una de ellas es el decomiso de bienes si no se realiza el pago dentro del plazo establecido.
Cabe señalar que los condenados ya cuentan con embargos judiciales previos. En ese contexto, el tribunal exhortó al Ministerio Público Fiscal a avanzar con las investigaciones necesarias para detectar activos que permitan asegurar el cobro de la suma exigida. Asimismo, se le recordó que ya posee facultades para llevar adelante dichas tareas de forma inmediata.
Casación mantuvo la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner
Por otra parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el viernes último mantener las condiciones actuales de cumplimiento de pena de Cristina Kirchner. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña avalaron por unanimidad que la exmandataria continúe con prisión domiciliaria en su vivienda ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
De este modo, el tribunal rechazó el pedido de la fiscalía, que había solicitado que la condena se cumpla en una unidad del Servicio Penitenciario Federal o en otro domicilio distinto.
Los camaristas basaron su decisión en un informe socioambiental favorable elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), en el que se señaló que ya no existen situaciones conflictivas en el entorno barrial. Este documento fue presentado luego de que la Corte Suprema confirmara la condena el pasado 10 de junio.
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