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La demanda del gobierno porteño consta de 84 páginas y pide un resarcimiento de 15 millones de euros por la operación. Considera que la venta de los 6 vagones en el año 2011, los cuales fueron destinados a la línea B del subte porteño, consistió en “una actuación incalificable, ilícita, irresponsable y de mala fe” de parte del Metro de Madrid que se produjo al momento en que Sbase adquirió estos trenes de segunda mano.

Se agrega en otra parte del texto que la compañía española sabía del amianto y que nunca brindó información al respecto pese a que los metrodelegados han denunciado que en los manuales técnicos de los vagones figuraba que los materiales poseían sustancias prohibidas. El Metro de Madrid se deslindó de sus responsabilidades culpando al fabricante.

Por otro lado, el GCBA resaltó que la compañía a cargo del control del servicio, SBASE, tuvo “un grave coste reputacional” a partir de que se conoció la presencia de asbesto en las formaciones de la línea B, lo que produjo reiteradas protestas de trabajadores y quejas de los usuarios.

Cabe destacar que la semana pasada, en un informe de la CNN, el titular de Sbase, Eduardo de Montmollin, reconoció que en las formaciones existía material cancerígeno. Un material que ocasionó, de acuerdo a los metrodelegados, problemas de salud de varios trabajadores, a los que se les detectaron placas pleurales. Aunque al mismo tiempo, aseguró que al decidir la operación asumieron que el metro madrileño había retirado ese material y que estaban en condiciones de poder vender los vagones.