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La fecha de inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud de acerca, y la Ciudad de Buenos Aires aún no resolvió quién proveerá la cyberseguridad, imprescindible para evitar –por ejemplo- el hackeo de la información de casi 4.000 atletas. O de controlar que los sistemas informáticos no colapsen ante hackers siempre dispuestos a causar daño.

El tema, que ya se debería haber resuelto, comenzó con una licitación a fines del año pasado, y parecía que estaba todo encaminado. Al final de la misma, con la propuesta de ser proveedor integral, llegaron dos empresas: la chilena Novared, que no tiene sede en Ciudad de Buenos Aires sino en Córdoba; y BTR, de capitales nacionales y oficinas en Puerto Madero. Cuando se trataba de elegir una u otra, empezaron a surgir los ruidos. Las preferencias de las autoridades porteñas encargadas del tema, Gustavo Linares (director de Seguridad Informática) y Dereck Dougall (director de la Agencia de Sistemas de Información), parecían orientarse a Novared.

Pero en los últimos tiempos aparecieron otros actores, impulsados desde áreas muy poderosas -y con gran manejo de información estratétiga- del Estado Nacional, y parece que todo terminará en una contratación directa "a dedo". Estos sectores cuentan con el apoyo, o por lo menos la pasividad, del Comité Olímpico Argentino (COA), encabezado por el empresario Gerardo Whertein. Demasiado mar de fondo para un contrato que rondará los $ 20 millones, una cifra pequeña en relación a todo el "negocio" de los Juegos Olímpicos de la Juventud.  

La empresa que corría –o corre- con “el caballo del comisario”, Novared, no tiene sede en la Capital Federal sino en Córdoba, el año pasado no le facturó nada por sus servicios al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a pesar de todo eso contaba con el apoyo de Linares y Dereck Dougall. La firma chilena parece tener, en Buenos Aires, solo negocios ocasionales; ganando licitaciones o contrataciones directas que luego subcontrata. Su categoría de proveedor ocasional es innegable. Según datos a los que accedió Minuto de Cierre, en los últimos 10 años sólo facturó en 3 de ellos.

En el 2008, presentó –y cobró- una factura ante el GCBA por apenas $ 10.890. Tras una larga ausencia como proveedor de la “Intendencia Macri”, en 2012 facturó $ 1.922.300. Mientras que en el 2016 llegó a casi $ 10 millones, exactamente $ 9.827.358. En lo que parece un crecimiento esporádico y sin prisa, pero también sin pausa, le iban a adjudicar un contrato de $ 14,5 millones, a pesar que su competidor –BTR- había ofrecido $ 13,5 millones.

Tras la nota que denunció la maniobra en este portal (http://www.minutodecierre.com/nota/2018-3-12-9-5-0-juegos-olimpicos-de-la-juventud-peligra-la-seguridad-informatica-y-sospechan-de-una-contratacion-directa), la licitación o contratación directa que iba a favorecer a Novared se paró. Con una ventaja, la de evitar un acto administrativo sospechoso, sobre todo pensando en Linares y Dougall, quienes fueron llevando la situación hasta el momento actual. Pero con una desventaja: los Juegos Olímpicos de la Juventud comienzan el 6 de octubre, y la implementación tecnológica de un escudo de seguridad lleva alrededor de 6 meses.

En el medio de todo esto, aparecen anécdotas como Linares afónico en una audiencia pública (tras ver a Independiente en la final de Copa Sudamericana), declarando “de última hacemos una contratación directa” tras haber enfrentado el proceso de licitación. O de Dougall viajando a Las Vegas invitado por Fortinet, una empresa que suele contratar.

Con este material humano, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta va a enfrentar la contratación de cyberseguridad para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ojalá eleven su vara de comportamiento, y que lo hagan rápido para evitar un papelón informático en el evento pensado para promocionar la capital de la República Argentina ante el mundo.