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En la causa iniciada en marzo de este año, a raíz de una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan por irregularidades en la compra de un edificio para el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Eduardo Taiano pidió hoy la indagatoria de Alejandra Gils Carbó y otros, imputados por "abuso de autoridad".

"Dado que las pruebas reunidas en el proceso permiten conformar el estado de sospecha aludido en el artículo 294 del Código Procesal Penal, vengo a solicitarle que reciba declaración indagatoria a Alejandra Magdalena Gils Carbó, Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Daniel Domanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián Marcelo González Fischer, Pedro Antonio Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino, en relación a su participación en los hechos investigados", requirió el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº3, en el dictamen elevado al Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº10.

Tainao explica que, en el marco de aquella investigación preliminar Nº61/2017, "fueron advertidas presuntas irregularidades en la Licitación Pública nro.01/2013, de la Procuración General de la Nación, ordenada mediante la Resolución Administrativa nro.317/2013 para la adquisición de uno o más inmuebles destinados al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal".

En la  Licitación Pública aprobada el 20 de mayo de 2013, la Procuradora General de la Nación adjudicó a la firma "Argentina Financiera S.A. (en adelante Arfinsa) la compra del edificio de su propiedad, sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 641 a 671, de la Capital Federal, por $43.850.000, conforme la oferta presentada por la firma Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A.”

Para sostener el pedido de indagatoria de Gils Carbó, Taiano sostuvo que los "resultados parciales" de la medidas de prueba encomendadas hasta el momento "demuestran que la Licitación Pública nro.01/2013 fue direccionada por funcionarios públicos pertenecientes a la Procuración General de la Nación, para que resulte adjudicada la oferta presentada por la propietaria del edificio".

"Esa venta benefició a todos los sujetos involucrados en la operación, es decir, a los funcionarios del organismo nacional; a los integrantes de la sociedad vendedora, Arfinsa, y a quienes actuaron como intermediarios de la compraventa. Conforme se demostrará a lo largo de esta presentación, se ha perjudicado al Estado Nacional, puesto que de manera previa a la convocatoria pública ya se había elegido al ganador de la licitación. Si bien el procedimiento administrativo tuvo apariencia de legalidad, en realidad fue producto de una serie de maniobras pergeñadas para torcer el interés de la administración pública y beneficiar a los imputados", concluyó el fiscal.

 

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