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La historia del servicio postal argentino entre los´90, cuando se define su privatización, y 2004, cuando se reestatizó, muestra una trama de decretos a la medida de la empresa concesionaria.  

Desde que se convocó a la licitación para la concesión, en 1997, cambiando la composición accionaria de la vieja Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), para reducir la participación del Estado,  el servicio postal fue administrado durante seis años por Correo Argentino S.A., del Grupo SOCMA.

En 2003, el contrato a 30 años fue rescindido y la prestación reestatizada. Entre otras cuestiones, Correo Argentino S.A. no cumplió con el pago del canon anual de $103 millones, que se abonaba en dos veces: marzo y noviembre. El incumplimiento se produjo con acuerdo del gobierno desde marzo de 2000, cuando la empresa no pagó los $ 36,5 millones de la primera cuota semestral. Entre otras cosas, la compañía de Franco Macri quería rediscutir el canon ya que consideraba que el sueldo y los beneficios de sus empleados eran más altos que los de la competencia; la compensación de las facturas impagas por servicios prestados al Estado y la exclusividad para la emisión de cartas-documento y para la impresión de estampillas.

El 30% del canon que Correo Argentino no pagó era para ANSES. 

En 2001, la empresa se presentó en concurso preventivo y en diciembre de 2003, el juez comercial Eduardo Favier Duvois decretó la quiebra de la sociedad comercial. Desde entonces, mantiene la deuda del canon con el gobierno, que no se resolvió en 15 años. 

Breve reseña normativa:

En 1989, la Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696) facultó al Poder Ejecutivo Nacional a privatizar los servicios de gestión estatal y habilitó la privatización, desregulación y liberalización del mercado postal en Argentina en la década del ´90.

En 1992, el decreto 214 creó la entonces Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT) como autoridad de aplicación del marco regulatorio de toda la actividad postal alcanzada por la Ley 20.216 y le otorgó las potestades de fiscalización y control. También, se creó la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima (ENCOTESA), titular de los derechos y obligaciones atribuidos por la Ley 20.216, representada por un capital social, como mínimo, del 51% de las acciones con derecho a voto a favor del Estado Nacional; el 14% para los empleados, a través de un programa de propiedad participada, y el 35% se adjudicaría a otras empresas de correos (privadas).

En 1993, a través del Decreto 1187, se desmonopoliza la actividad postal y se crea el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales, con la libre fijación de precios del mercado local e internacional.

Cuatro años después, en 1997, el Decreto  265, establece la convocatoria a Licitación Pública Nacional para privatizar por concesión los servicios del Correo Oficial. El procedimiento licitatorio estuvo a cargo de ENCOTESA y se otorgaron sólo cinco meses para presentar ofertas. Además, la normativa derogó el artículo 9 del Decreto 214/1992, que fijó la integración y participación accionaria de ENCOTESA, y quedó como única alternativa la privatización por concesión, que es lo que disponía la  Ley 23.696 antes del decreto reglamentario. 

A través del Decreto 840, se adjudicó por 30 años a la empresa C.A.S.A. la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía de ENCOTESA.

Seis años después, en 2003,  a través del Decreto 1075, se rescinde el contrato con C.A.S.A, por culpa del concesionario, y se fija plazo para una nueva convocatoria a licitación para la concesión del servicio de correos.

Finalmente, en 2004, a través del Decreto 721, se constituye el Correo Oficial de la República Argentina S.A. como responsable de la prestación.