23 de Agosto de 2016 - 15:47

Más problemas para Gómez Centurión: Lo acusan de usar información ilegal

El mismo día que el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra el ex director de Aduanas por sospechas de corrupción, el abogado Maximiliano Rusconi acusó a Juan José Gómez Centurión de usar datos obtenidos ilegalmente para realizar controles en varios contenedores.

Una nueva denuncia salpica al suspendido director de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, separado de su cargo preventivamente por una causa en la que es investigado por cobrar coimas y realizar operaciones irregulares.

La denuncia fue presentada por el abogado Maximiliano Rusconi, quien fuera defensor del colaborador informático de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino. El letrado acusó Gómez Centurión de realizar procedimientos en despachos aduaneros en base a información obtenida de forma ilegal. 

En la causa presentación, realizada el mismo día que la del Ministerio de Seguridad,  Rusconi señaló que Gómez Centurión "recababa de forma ilícita para hacer inspecciones selectivas a contenedores que se encontraban en depósitos fiscales, entre los que estaba uno de Cerestiba S.A". 

Según el abogado, las "presuntas irregularidades que llevaron a las inspecciones fueron que el peso del contenedor era disímil al declarado ante el organismo de control de la Aduana y que estaba etiquetado como Industria Nacional, pese a que era de origen foráneo". 

Las fuentes de la información provenía de mails y mensajes de Telegram (el mensajero que permite conversaciones secretas), utilizado por el desplazado titular de la Dirección General de Aduanas. Rusconi acusa al desplazado funcionario de crear "una operación, que habría encabezado Gómez Centurión junto a personal de la AFIP, y, valiéndose del auxilio del periodista Longoni, quien casualmente, por su calidad de tal, se amparará en el secreto de fuentes". 

En concreto, el abogado denuncia a Gómez Centurión por los delitos de "falso testimonio calificado, encubrimiento, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y violación de correspondencia y apoderamiento indebido de comunicación electrónica". 

Fuentes judiciales señalaron a Minuto de Cierre que el juez Marcelo Martínez De Giorgi envió el expediente al fiscal del caso, Franco Picardi, para que instruya las medidas de prueba, pero aún no terminó de analizar la denuncia, que podría ser unificada con la que maneja Ariel Lijo, a cargo de la causa iniciada por el Ministerio de Seguridad.

 

 

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