Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: el Gobierno envió al Congreso el proyecto con eje en Malvinas
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que establece un marco integral para proteger los intereses estratégicos de la Argentina, con especial atención en la cuestión Malvinas, la seguridad nacional y los recursos naturales.
El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei; del ministro de Economía, Luis Caputo; del secretario de Finanzas, Pablo Quirno; del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti; y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En el mensaje de elevación, el Gobierno califica la iniciativa como un “avance legal sin precedentes” y sostiene que permitirá fortalecer el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
“La recuperación de las Islas y de sus espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, sostiene el texto, en referencia a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
Malvinas y sanciones por la explotación de recursos naturales
Uno de los principales puntos del proyecto es el endurecimiento del régimen de sanciones para quienes realicen actividades de aprovechamiento de recursos naturales en áreas que la Argentina considera bajo su soberanía sin contar con autorización de las autoridades nacionales.
La propuesta amplía las restricciones existentes, que ya alcanzaban a la actividad hidrocarburífera, para incorporar cualquier tipo de explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
El esquema contempla multas e inhabilitaciones, además de la posibilidad de revocar permisos y beneficios fiscales. También establece la prohibición de desarrollar actividades económicas en el país para quienes sean sancionados.
A su vez, el proyecto propone endurecer las penas en materia penal para quienes participen en actividades de prospección, exploración o explotación de recursos en el mar territorial argentino y la plataforma continental sin autorización oficial.
Consejo de Seguridad Nacional e infraestructura crítica
La iniciativa establece la creación del Sistema de Seguridad Nacional, pensado como un mecanismo permanente de coordinación entre las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
Para conducirlo, se propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el jefe de Estado e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia y de la Secretaría Legal y Técnica.
Entre sus atribuciones estará la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, cuya aplicación será obligatoria para todos los organismos del Estado.
El proyecto también incorpora un régimen específico para la identificación y protección de infraestructuras críticas. Allí se incluyen redes, instalaciones, sistemas y servicios esenciales cuyo daño podría afectar el funcionamiento del Estado, la economía, la salud, la defensa o la seguridad pública.
El Consejo de Seguridad Nacional deberá elaborar una estrategia y un plan nacional para identificar estos activos estratégicos y establecer medidas destinadas a protegerlos.
Nuevas medidas frente a amenazas externas
La propuesta crea además un régimen de infracciones administrativas para actos que afecten o amenacen la seguridad nacional cuando tengan vinculación con Estados extranjeros u organizaciones extranjeras.
Entre las conductas contempladas se encuentran aquellas que puedan comprometer la integridad territorial argentina, interferir en la toma de decisiones de las autoridades o afectar infraestructuras críticas de interés nacional.
Las sanciones previstas incluyen multas, pérdida de beneficios estatales, cancelación de permisos e inhabilitaciones para operar en sectores considerados estratégicos.
El proyecto también modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar el concepto de defensa frente a amenazas de origen estatal y no estatal.
La nueva definición incorpora riesgos considerados “cinéticos y no cinéticos”, entre ellos desafíos relacionados con la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y otras amenazas externas contemporáneas.
Además, establece que las Fuerzas Armadas deberán prepararse para responder ante esos escenarios y participar en tareas de protección de infraestructuras estratégicas cuando así lo determine el Consejo de Seguridad Nacional.
En todo el mensaje de elevación, el Gobierno vincula la iniciativa con el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Según el texto, el objetivo es dotar al Estado de herramientas legales e institucionales para proteger los recursos naturales, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y sostener el reclamo soberano por vías pacíficas, diplomáticas y jurídicas.
El proyecto comenzará ahora su tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado, donde se debatirá el alcance de la iniciativa en materia de defensa, seguridad nacional, recursos estratégicos y soberanía territorial.
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