El Gobierno avanza contra la domiciliaria de Milagro Sala para que cumpla el resto de su condena en la cárcel
La Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a plantear ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pedido para que la ex dirigente social vinculada al kirchnerismo, Milagro Sala, cumpla su condena por causas de corrupción en un establecimiento penitenciario y no bajo el régimen de prisión domiciliaria.
El planteo fue presentado en el marco de las actuaciones internacionales vinculadas al caso y se suma a la postura que el Gobierno nacional sostiene desde el inicio de la actual gestión respecto de la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru.
Sala permanece con prisión domiciliaria desde 2017, luego de haber sido condenada por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, en causas vinculadas al manejo de fondos públicos durante su rol como dirigente social en la provincia de Jujuy.
El argumento del Gobierno ante la CIDH
A través de un comunicado oficial, la Subsecretaría de Derechos Humanos sostuvo que Milagro Sala incumplió las condiciones impuestas por la Justicia para mantener el beneficio de la prisión domiciliaria. Según detalló el texto, “Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”.
Desde el área gubernamental remarcaron que, tras esos hechos, la ex dirigente social calificó las decisiones judiciales como una forma de “hostigamiento”. Frente a esa postura, el comunicado cuestionó su estrategia de defensa y afirmó que “busca revertir invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.
En el mismo documento, el Gobierno sostuvo que la Argentina actúa en línea con los compromisos asumidos a nivel internacional. En ese sentido, aseguró que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y cuestionó el alcance de las medidas dispuestas por la CIDH en favor de Sala.
La Subsecretaría fue aún más dura en su evaluación al calificar la decisión del organismo internacional como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”. La expresión se inscribe en la postura oficial de rechazar cualquier tratamiento diferencial para personas con condenas firmes por delitos vinculados a la corrupción.
La postura oficial sobre derechos humanos y condenas firmes
El comunicado difundido por la Subsecretaría de Derechos Humanos también incluyó una definición más amplia sobre la interpretación del concepto de derechos humanos por parte del actual Gobierno. En ese marco, el texto señaló que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.
La reafirmación de este criterio busca respaldar la posición adoptada ante la CIDH y en otros foros internacionales, donde la situación judicial de Milagro Sala ha sido objeto de cuestionamientos y pedidos de revisión por parte de organismos de derechos humanos.
Finalmente, la Subsecretaría reiteró que la postura presentada ante la Corte Interamericana es coherente con la línea política del presidente Javier Milei. En ese sentido, ratificó el compromiso del Gobierno con el fin de los privilegios para personas con condenas firmes, independientemente de su trayectoria política o social.
El caso de Milagro Sala continúa siendo un punto de tensión entre la Argentina y distintos organismos internacionales, mientras el Ejecutivo sostiene que las decisiones judiciales deben cumplirse en igualdad de condiciones y sin excepciones.
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