Causa $LIBRA: los cargos para familiares de los jueces que deben decidir sobre el Gobierno de Milei
El hijo del juez Guillermo Yacobucci fue designado en el Ministerio de Justicia mientras la Cámara de Casación tiene pendiente una definición clave sobre los querellantes de $LIBRA. El antecedente de Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Javier y Karina Milei y cuya esposa fue designada jueza de Hurlingham, vuelve a poner bajo la lupa los nombramientos de familiares de magistrados. Fuentes con llegada a las más altas esferas del Poder Judicial señalaron a Minuto de Cierre que el Gobierno buscaría asegurarse fallos favorables mediante cargos públicos. "Todo muy normal", ironizaron. Y agregaron: "El presidente no deja de comprar gente".
La designación de Ignacio Martín Yacobucci como coordinador nacional del programa de combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo, dentro del Ministerio de Justicia, reavivó las sospechas sobre los vínculos entre el Gobierno de Javier Milei y familiares de jueces que intervienen en decisiones sensibles para el Ejecutivo. El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, mientras su padre, el camarista Guillermo Yacobucci, integra la Sala II de Casación Penal, que debe resolver una cuestión clave en la causa $LIBRA.
El caso se suma al antecedente de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que el viernes 23 de octubre sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados en la investigación por la criptomoneda, y cuya esposa, Ana María Juan, fue designada al frente del Juzgado Federal de Hurlingham. Para fuentes judiciales consultadas por Minuto de Cierre, la sucesión de nombramientos de familiares de magistrados vinculados con decisiones de alto impacto político alimenta la sospecha de que el Gobierno busca influir en la Justicia mediante cargos estatales. "El presidente no deja de comprar gente", resumieron.
El hijo de Yacobucci fue designado en el Ministerio de Justicia mientras Casación debe resolver sobre $LIBRA
Ignacio Yacobucci fue designado como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, además de representante nacional ante organismos internacionales especializados en la materia. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 439/2026, publicada el 29 de septiembre, con vigencia desde el 1 de septiembre. El cargo tiene carácter ad honorem, según la normativa oficial.
La designación vuelve a poner en primer plano a Guillermo Yacobucci, juez de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal debe resolver sobre la situación de los damnificados por $LIBRA que buscan recuperar su condición de querellantes, después de haber sido apartados del expediente.
La definición es relevante porque la posibilidad de intervenir formalmente en la causa puede determinar si los inversores están habilitados para impulsar las impugnaciones correspondientes contra decisiones judiciales. El escenario adquirió mayor importancia después del sobreseimiento dictado por Martínez de Giorgi, que cerró el expediente en primera instancia para los once imputados.
Fuentes con llegada a las más altas esferas del Poder Judicial señalaron a Minuto de Cierre que el nombramiento del hijo del camarista despierta sospechas por el momento en que se produce y por la función que desempeña dentro del Ministerio de Justicia. La interpretación que transmitieron es que el otorgamiento de cargos a familiares de magistrados puede operar como una herramienta para construir vínculos con jueces que deben resolver expedientes de interés para el Gobierno.
"Todo muy normal", fue la ironía con la que describieron la situación. La frase apunta a la coincidencia entre una designación en el Poder Ejecutivo y una definición judicial pendiente en una causa que involucra directamente al Presidente.
El antecedente laboral de Ignacio Yacobucci también forma parte del contexto: en febrero de 2024 había sido designado al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e investigar operaciones vinculadas con el lavado de activos. Dejó ese cargo en enero de 2025, después de cuestionamientos sobre su gestión. Ahora vuelve a ocupar una función dentro del Ministerio de Justicia, en un área vinculada con la prevención del lavado de dinero.
La designación es oficial y tiene carácter honorario. Lo que las fuentes ponen en discusión no es solamente la naturaleza administrativa del cargo, sino su coincidencia con la intervención de su padre en una instancia judicial sensible para el Gobierno.
Martínez de Giorgi sobreseyó a Milei y su esposa fue designada jueza de Hurlingham
El antecedente de Marcelo Martínez de Giorgi refuerza los interrogantes sobre los nombramientos de familiares de magistrados. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 intervino en la causa $LIBRA, apartó a los damnificados que buscaban actuar como querellantes y, el viernes 23 de octubre, resolvió el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados.
En paralelo, el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Ana María Juan, esposa del magistrado, como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 589/2026, publicado el 15 de julio, luego de la aprobación de su pliego por el Senado.
La coincidencia entre la actuación del juez en la causa que involucra al Presidente y la designación de su esposa generó cuestionamientos políticos. Sin embargo, existe un antecedente que debe ser considerado: Juan había sido postulada para ese juzgado durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La administración de Milei fue la que finalmente oficializó su nombramiento.
El punto que vuelve a poner el caso bajo la lupa es que Martínez de Giorgi tomó decisiones que afectaron la participación de los damnificados en la investigación $LIBRA y, posteriormente, su esposa fue designada al frente de un juzgado federal. En el caso de Yacobucci, el hijo del camarista recibió un cargo dentro del Ministerio de Justicia mientras la Sala II de Casación tiene pendiente resolver sobre la intervención de los querellantes.
Para las fuentes consultadas por Minuto de Cierre, ambos episodios deben analizarse en conjunto. "El presidente no deja de comprar gente", señalaron en relación a las designacionesde jueces enb cargos politicos mientras es cargos públicos pueden funcionar como una vía para conseguir apoyos o decisiones favorables en el ámbito judicial.
La acusación es grave y, hasta el momento, no hay evidencia pública que permita afirmar que los nombramientos hayan sido acordados como contraprestación por fallos judiciales. La coincidencia entre las designaciones y las decisiones adoptadas en la causa constituye el eje de la sospecha transmitida por las fuentes, pero no demuestra por sí sola la existencia de un acuerdo.
Qué resolvió Martínez de Giorgi en la causa $LIBRA
El viernes 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados en la causa que investiga una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La decisión siguió el criterio de la fiscalía y descartó los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Sobre la presunta estafa, el magistrado consideró que no se había acreditado un engaño relevante en términos penales. Según la resolución, el token operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados. También sostuvo que la caída de la cotización, por sí sola, no configura el delito.
En cuanto a la actuación de Javier Milei, el juzgado consideró que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos. Además, la Oficina Anticorrupción había descartado posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, y durante la investigación no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan la función pública con la iniciativa privada.
Respecto del presunto tráfico de influencias atribuido a Karina Milei, los peritajes realizados sobre dispositivos electrónicos por la DATIP no permitieron confirmar pagos o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, entre ellos Hayden Davis y Julian Peh. El juez también consideró que las referencias periodísticas no constituían pruebas objetivas de un intercambio ilícito.
El sobreseimiento alcanzó a once imputados. Además de Javier y Karina Milei, fueron beneficiados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
La resolución dispuso que, una vez que quede firme, se comunique y se archive la causa. Sin embargo, la discusión sobre la participación de los damnificados continúa siendo relevante para el futuro procesal del expediente, porque Casación debe resolver sobre los recursos vinculados con su exclusión como querellantes.
La coincidencia entre las designaciones de familiares de magistrados y las decisiones judiciales relacionadas con $LIBRA vuelve a instalar una pregunta sobre los límites entre las facultades del Poder Ejecutivo para nombrar funcionarios y la necesidad de preservar la independencia de la Justicia.
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