YPF: la Justicia de Estados Unidos citó a la Argentina a una nueva audiencia clave tras la suspensión de la entrega de acciones
La jueza Loretta Preska convocó a una nueva audiencia entre la Argentina y los fondos demandantes para el próximo 29 de julio, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El encuentro será decisivo para resolver si se habilita el “discovery”, es decir, el acceso a archivos y documentación que reclaman los litigantes.
Durante la última audiencia, celebrada este martes, se acordó un período de dos semanas para que ambas partes intercambien escritos, intenten llegar a consensos sobre qué información puede compartirse y así bajar la tensión en medio del proceso judicial.
El Gobierno rechaza entregar información sensible
En la Casa Rosada aseguran que no habrá contactos informales con los fondos demandantes por fuera del ámbito judicial y descartan completamente la posibilidad de compartir datos sobre activos que puedan ser objeto de embargo.
Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York dictó una medida preventiva que suspende la entrega de acciones de YPF, dispuesta por la jueza Preska como parte del pago de la sentencia de US$16.000 millones por la nacionalización de la petrolera.
Esta suspensión se mantendrá vigente de forma indefinida mientras un panel de tres jueces analiza la apelación del fallo. Según consta en el documento oficial, los fondos apelados (Burford) deberán presentar su oposición a la solicitud de Argentina antes del 17 de julio de 2025, mientras que el Estado argentino tendrá hasta el 22 de julio de 2025 para responder. Luego, la petición será elevada al siguiente panel disponible.
Estrategia de la Argentina: seguir apelando hasta la Corte Suprema
Desde el Gobierno argentino aseguran que agotarán todas las instancias judiciales. Si la Corte de Apelaciones no prorroga la suspensión del fallo, como sí lo hizo ahora, el Ejecutivo está dispuesto a avanzar con un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El principal objetivo es evitar que se impongan multas diarias por presunto incumplimiento de sentencia. En este sentido, en Balcarce 50 valoraron la decisión de dividir en cuatro partes las apelaciones por el caso YPF, lo que permite descomprimir el conflicto y avanzar por etapas.
En el oficialismo sostienen que la entrega de las acciones provocaría “un daño irreparable” y remarcan que no corresponde ejecutar una sentencia parcial mientras la causa de fondo aún está siendo revisada. Por eso, la Procuración del Tesoro ya presentó los primeros documentos para apelar formalmente la orden de traspaso accionario.
Desde el equipo legal del Gobierno insisten en que permitir esa transferencia implicaría consecuencias “irreversibles”, dado que los demandantes ya manifestaron su intención de vender los títulos inmediatamente después de recibirlos. Además, plantean un dilema político-jurídico: si no se acepta la suspensión firme, Argentina se verá forzada a elegir entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”.
El origen del conflicto: la expropiación de YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. Con los intereses acumulados, el monto asciende hoy a US$17.750 millones.
El fallo favoreció a los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que pertenecían al grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Esta tenía en su poder el 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo fue que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incumplió con el estatuto de YPF, al nacionalizar la participación de Repsol sin ofrecer la misma operación al resto de los accionistas. Aunque luego se le pagó a Repsol con bonos, los otros accionistas nunca fueron compensados.
Desde entonces, Argentina apeló cada avance judicial. Sin acuerdo ni pago, los demandantes escalaron la presión, y el reciente fallo de Preska habilitando la entrega de acciones estatales de YPF abrió la puerta para que otros acreedores con sentencias similares busquen cobrar también con papeles de la petrolera.
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