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El año pasado, 300.000 pesos valían mucho más que ahora. Es lo que cobraba Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”, por brindarle sus servicios al Banco de la Nación Argentina (BNA), más específicamente su gerente general, María del Carmen Barros. La difusión pública del hecho no sólo terminó con esa contratación, sino también con la carrera de Barros en la entidad más grande del sistema.

Ahora, el BNA busca darle un cierre definitivo al tema, con cierto sentido de justicia, pero también de discrecionalidad selectiva. Según confirmaron varias fuentes a Minuto de Cierre, la ex gerente general -Barros- adelantó su jubilación, a la cual debía acceder en marzo del año próximo, en una especie de acuerdo informal con los máximos responsables del Nación. Además, el banco le aplicó una multa de $ 15 millones que le van descontando del sueldo, que rondaba los $ 9 millones.

Por otra parte, se le aplicaron sanciones disciplinarias a dos de los “partícipes necesarios” (si hubiera denuncia penal) de la contratación de “Pitty”: Maximiliano Piantanida, que era gerente de Recursos Humanos y amigo del novio de Barros; como también Noel Foglia, de Compras y Contrataciones.

El directorio del Banco Nación también podría avanzar en el terreno de una denuncia penal, apelando al artículo  261 del Código, dedicado a la “malversación de caudales públicos”. El mismo establece “reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua” para el funcionario público “que sustrajere caudales o efectos”, como también para el que “empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”. Esta última frase parece aplicarse especialmente al caso de la numeróloga

 

Penalidad selectiva: hizo la vista gorda, será la “Señora Motosierra”

 

Aunque las sanciones y decisiones sobre Barros, Piantanida y Foglia parecen justas, muchos empleados del BNA se quejan porque la penalidad es selectiva. “Para que a Pitty se le hicieron una contratación, que luego además se pagó, hubo mucho involucrados en tramitaciones internas, por acción u omisión. Las responsabilidades no terminan en Barrios, Piantanida y Foglia”, apuntó una fuente que investigó internamente el caso.

Entre los “salvados”, todos apuntan a Claudia Martínez Rosas, que suena para ser la próxima subgerente general de Recursos Humanos, uno de los cargos más importantes del banco. Martínez Rosas, que integraba el círculo más cercano a Barros, sería ahora la “delegada” de Federico Sturzenegger para los retiros y despidos de personal, elegantemente conocidos como racionalización.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, y la de Javier González Fraga en el BNA, Martínez Rosas fue la número 2 de Legales del banco. El máximo responsable del área, quien la llevó allí, era Carlos Lo Turco, que aparece como presidente y director de una empresa en la conocida saga “Panamá Papers”.

Según los documentos a los cuales accedió el consorcio de periodistas de investigación (ICIJ son sus siglas en inglés), el también ex secretario de Legales del Ministerio de Finanzas, Lo Turco, estaba involucrado en la firma panameña Marbira S.A., junto a su asesor Fernando Azzurro. El primero de ellos declaró que “cada uno tenía el 50% de esa sociedad”. Los dos formaban -o forman- un equipo de trabajo junto a Martínez Rosas, candidato a ser la dueña de la motosierra en el Nación, mientras todos olvidan su responsabilidad en el caso de Pitty La Numérologa.