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El Gobierno lanzó un nuevo Régimen de Reparación Federal diseñado para regularizar las "deudas mutuas" y coordinar "compensaciones" económicas entre la administración nacional y las provincias, utilizando posibles cesiones de inmuebles y terrenos como métodos centrales para alcanzar acuerdos.

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires dispondrán de 30 días hábiles administrativos para adherirse de manera voluntaria al Régimen de Reparación Federal impulsado por el Ejecutivo, con el objetivo de equilibrar deudas mutuas y compensaciones económicas. También tendrán 60 días hábiles administrativos para presentar la documentación que respalde su situación.

“Queremos avanzar junto a los gobernadores hacia un auténtico federalismo”, afirmó Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Catalán explicó que "el objetivo es hacer un borrón y cuenta nueva en materia de compensaciones entre la Nación y las provincias", indicando que "las finanzas públicas y el aumento del centralismo durante décadas han generado relaciones financieras y económicas asimétricas entre ambos niveles de gobierno".

A través de este decreto, que será publicado oficialmente este viernes, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán incluir las deudas que estimen pertinentes dentro del nuevo régimen. El objetivo es consolidar estas deudas con las que el Estado nacional mantiene con cada jurisdicción, permitiendo así acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y otras operaciones para saldar las cuentas, según los créditos que cada provincia y la Ciudad tengan con la Nación.

Catalán puntualizó que "existen empresas del Estado nacional radicadas en distintas provincias. Podrían transferirse empresas o terrenos; no estamos cerrados a ninguna alternativa que puedan sugerir las provincias".

“Hacemos un llamado a todos los gobernadores para que trabajemos juntos, con la meta de ordenar las finanzas tanto de las provincias como de la Nación”, añadió Catalán, remarcando que "aspiramos a un verdadero federalismo; la Nación no debe ser un impedimento para el crecimiento de las provincias".

Finalmente, el decreto estipula que los saldos resultantes de débitos o créditos mutuos serán cancelados según lo que se acuerde entre la Nación y cada una de las jurisdicciones adheridas.

Asimismo, se establece que si el saldo de deuda favorece al Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo destinando un porcentaje de los recursos que reciben por coparticipación.

Según comentó Catalán, la Presidencia ya mantuvo contactos preliminares con varios gobernadores, quienes consideraron la medida como “una propuesta innovadora”. Según se pudo saber, entre los interesados se encuentran Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.