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La distancia entre los números permitidos y los reales sorprende por lo abismal. Según la normativa, por el sistema de Courier, que funciona principalmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en cada envío pueden traerse hasta 50 kilos, por un valor máximo de 3.000 dólares hasta el 23 de septiembre pasado, que se actualizó a 1.000 dólares a partir de ese momento.

Por lógica, la cuenta daba 16 o 5 centavos por kilo, un valor reñido con el precio de la tecnología. Sin embargo, de acuerdo a una denuncia de la Aduana ante el juez Penal Económico 4, Alejandro Catania, una próspera empresaria, cuyo nombre sería María Florencia Calviño (aunque nadie se anima a oficializalo) realizó “importaciones irregulares” -según el comunicado del organismo- por “nada menos que u$s 2.054.717,50”.

Según la misma información oficial de Aduana, Calviño, que tiene su CUIT suspendido -27-29592419-0, “sin impuestos activos”-, traía principalmente o en exclusividad los codiciados productos de la manzanita. “Su principal proveedora, una firma dedicada a la venta mayorista de productos Apple, radicada en Miami, EE.UU.”, señala el comunicado, a la vez que la aplicación de una multa por u$s 8 millones.

La información oficial señala que “la mujer había apelado a la práctica sistemática de fraccionar las compras realizadas en pequeños envíos que no superaran los parámetros establecidos en la normativa vigente en ese momento”. En tanto que también “presentó facturas adulteradas: la documentación aportada por los prestadores de servicios postales registraba montos entre 3 y 10 veces superiores a los declarados por la mujer”.

 

De controles inexistentes, al intento de ordenar

 

El mismo texto oficial sugiere la falta de control que había en la sensible área de Courier. “Compras en pequeños envíos que no superaran los parámetros establecidos” resulta difícil de justificar tanto con un monto máximo de 3.000 dólares, como si el mismo es de 1.000, como en la actualidad. Cuando el director de Aduanas, Guillermo Michel, bajó al último número, se dijo que era el primer paso para ordenar.

“Antes, con el valor declarado de 3.000 dólares, sacaban varios envíos al exterior por ese valor, con el objetivo de fugar dólares al tipo de cambio oficial. Pero con 1.000 de límite ya esa operatoria no es viable”, admite un conocedor del sistema. “De todas formas -admite-, nadie creía que real movimiento de cada paquete era de 3.000 dólares”.

La otra cuestión es que, hasta octubre de 2021, no se chequeaba si la misma persona física o jurídica -Calviño es un caso destacado en este sentido- registraba uno, 5 o 10 envíos, en uno o varios vuelos. Recién durante octubre del 2021 arrancó un trabajo del área de Investigación de la Aduana, que la entonces titular del organismo, Silvia Traverso, se encargó de frenar.

Esa investigación, que de alguna manera Michel retomó, daba cuenta que si bien cada persona tenía permitido un despacho de 3.000 dólares por vuelo, registraba 5 o más de ellos. Como estos pedidos eran manuales, y los datos no se cruzaban electrónicamente, ningún funcionario de la Aduana se daba cuenta del tema, o no quería darse cuenta. La investigación entonces en curso catalogó la operatoria de maniobra, más grave que una infracción. Muchas empresas tecnológicas se aprovecharon de esta falta de control, como se explicó en una nota anterior de este medio

El nuevo límite de 1.000 dólares, en remplazo del viejo de 3.000, más la posterior denuncia sobre Calviño ante la justicia Penal Económica, fueron pasos paulatinos para ordenar el funcionamiento del área de Courier, una de las más importantes de Ezeiza. Sin embargo, además de los avances que puedan registrase en la Justicia, los máximos responsables de la Aduana idearon una jugada sorpresiva.

Desde hace algunos meses, Michel ubicó personas de su más extrema confianza en Ezeiza. Uno de ellos, duro entre los duros, lo conoce de su paso por la Administración Federal de Ingresos Públicos, durante los gobiernos de Cristina de Kirchner. “Los muchachos de Courier se están portando bien”, dice un usuario frecuente del servicio. “Por ahora no les queda otra”, concluye.