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El 28 de diciembre seguía la borrachera de alegría por el campeonato mundial de fútbol y toda la atención judicial, político y mediática estaba sobre el fallo -de la Corte Suprema- por coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ese día se produjo un hecho significativo y poco habitual en la relación entre el Estado Nacional y las compañías mineras: la Cámara Federal de Casación Penal aceptó la apelación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el sobreseimiento a directivos de Barrick Gold por supuesta evasión fiscal en 2011.

Con la firma de los jueces camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, más el secretario Pablo Iannariello, se decidió rever el sobreseimiento de primera instancia, y luego de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a favor de Dante Vargas Ghersi, Igor González Galindo, Jimena del Valle Deneri Lucero, Julio Enrique Claudeville, Hernán Zaballa y Alejandro Minuto. Todos ellos están acusados de evasión fiscal por los impuestos a las Ganancias (más de $ 525 millones entre 2010 y 2011) y Bienes Personales (casi $ 18 millones). Según la AFIP como querellante, en una causa iniciada en el 2018, los directivos de la minera canadiense hicieron pasar aportes de capital como préstamos, reduciendo así la base imponible, y el consecuente pago, de Ganancias y Bienes Personales.

El caso está al tope de las preocupaciones de Marcelo Álvarez, el CEO de Barrick Gold para Sudamérica, por varios motivos. Por un lado, la acusación de la AFIP fue realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, insospechado de peronista o enemigo del mercado. Por otra parte, tampoco puede achacarse una filiación política de ese tipo a los jueces que hicieron lugar al recurso de queja de la AFIP. El organismo recaudador sostiene en su presentación que la minera “habría efectuado una maniobra de simulación bajo la apariencia de pasivos, de aportes de capital recibidos por parte de empresas con domicilio en el exterior pertenecientes al mismo grupo económico”. De esa manera, “a través de tales medios ardidosos, logró el ocultamiento intencional del hecho imponible y de la consiguiente capacidad contributiva”.

Por otra parte, Álvarez y todos los directivos que serían procesados nuevamente -Ghersi, González Galindo, Deneri Lucero, Claudeville, Zaballa y Minuto- están preocupados por razones que sólo se mencionan en reuniones muy reservadas. La más importante, que el equipo de abogados de Barrick Gold les “vendió” -convenció, argumentó, sostuvo- que iban a ser sobreseídos en todas las instancias posibles. No fue así; les alcanzó en un primer paso y en la Cámara Federal de Mendoza, pero en la Casación Federal la cuestión es distinta.

Los jueces Borinsky, Gemignani y Riggi, así como el secretario Iannariello, están prontos a tomar una decisión con respecto a la reapertura de la causa y nuevo procesamiento de los directivos de la Barrick Gold. Según averiguó Minuto de Cierre, la acusación de la AFIP tiene pruebas sólidas, por lo cual se le concedería aquello que pide. De todas formas, hay que esperar para confirmar o desmentir esto.

Si la decisión fuera positiva en tal sentido, para Barrick es un dolor de cabeza legal, económico y de imagen pública. Un juicio en curso, más aún reabierto en instancia de cámara, requiere mayor gasto de abogados y puede provocar una baja de acciones de la empresa. Pero también es fuerte el daño de opinión pública. Para una empresa canadiense, que se conozcan sobreseimientos poco sustentables -otros dicen sospechosos- luego revocados, es una de las peores noticias posibles. Quizás peor que las frecuentes acusaciones de daño ecológico.