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“Esto es un día histórico, después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia, anomia, es el inicio del camino de la reconstrucción”, subrayó el  presidente de la Nación, Javier Milei al iniciar su discurso, que se extendió durante poco más de 20 minutos.

Allí ahondó en los motivos por los que decidió avanzar, junto a su equipo, en este mega decreto que impondrá derogaciones o cambios en más de 300 leyes, entre ellas varias vinculadas al agro.

El mandatario eligió 30 de esas modificaciones para adelantar a la población argentina. Las directamente relacionadas con el sector agropecuario y agroindustrial son las siguientes:

• Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. “A partir de hoy queda prohibido prohibir exportaciones”, enfatizó.
• Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.
• Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
• Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.
• Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

Pero también hizo referencia a otras que suelen incidir de manera negativa en la producción de alimentos; fundamentalmente, en los precios que reciben los productores.

En concreto, habló de derogar las leyes de Abastecimiento, de Góndolas y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

A la hora de explicar los fundamentos para avanzar en este DNU, Milei insistió con algunos de los conceptos que había señalado el día de su asunción, sobre cómo las ideas de lo que denomina el “colectivismo” fracasaron y han llevado a la Argentina a una nueva crisis.

Desde su punto de vista, el problema es que se impuso la noción de que el Estado es más importante que el individuo, y de ahí deviene la posibilidad de que los sucesivos Gobiernos hayan afectado la libertad, y de esa manera, también el desarrollo.

Por eso defendió la idea de “desregular”, para “dejar de tomar como normales las intromisiones estatales”, porque “un aspecto central del fracaso es la injerencia del Estado en la vida de los ciudadanos”.

Dentro de esa “intromisión”, Milei puntualizó en “la presión impositiva en blanco más alta del mundo”, y utilizó un ejemplo relacionado al campo para reflejarlo.

“La presión impositiva sobre el agro es del 70%. Significa que el Estado se queda con alimentos para 280 millones de personas, mientras en Argentina hay cinco millones que no tienen para comer”, mencionó.

Las opiniones de la Mesa de Enlace

Mientras la mayoría de las entidades están con la lupa analizando al detalle el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió el presidente Javier Milei en las últimas horas, y que propone la modificación o derogación de numerosas leyes, entre ellas muchas vinculadas al agro, algunas ya comenzaron a adelantar opinión.

Es el caso, por ejemplo, de la Federación Agraria Argentina (FAA), que emitió un comunicado en el que cuestionó que los profundos cambios que intenta llevar adelante el Gobierno sean a través de un decreto y sin pasar por el Congreso –más allá de que el DNU efectivamente puede ser rechazado por ambas cámaras–, pero apuntó fundamentalmente contra la propuesta de derogar la Ley de Tierras.

“Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo en particular a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país”, subrayó la entidad.

“Es oportuno aclarar, también, que si nos sacaran las retenciones, estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el gobierno y espera de parte de los extranjeros”, advirtió la Federación.

La entidad que comanda Carlos Achetoni también apuntó contra el DNU porque consideró “fundamental el respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé la Constitución Nacional, pues ella impide el avallasamiento de un Poder sobre el otro”.

“En este sentido, entendemos que acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible”, concluyó.

SRA y CRA advirtieron que el análisis del DNU se está llevando a cabo con el cuerpo de abogados de la entidad.

Cabe recordar que, la “Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones” fue un reclamo que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) realizó durante la campaña y fortaleció tras la asunción de Milei. Desde CAIR consideran que atraer el ingreso de capitales foráneos puede reactivar el mercado y darle a la tierra un mejor valor, teniendo en cuenta que, comparado con los precios de otros países, Argentina está muy rezagada.

En concreto, lo que establece la “Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras” es que no más del 15% de los territorios rurales de Argentina puede permanecer en manos de extranjeros.

Además, establece un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por persona extranjera, y una cifra equivalente en otras regiones del país.

De todos modos, la realidad es que un mapa elaborado por el propio Estado argentino muestra que solo el 6,09% de la tierra argentina está “extranjerizada”.