02 de Noviembre de 2021 - 12:02

Las obras en barrios populares bonaerenses están frenadas, mientras tres empresas heredadas de Vidal siguen facturando todos los meses

Crece el enojo entre empresas contratistas de la Provincia de Buenos Aires. La orden fue reactivar obras en barrios populares, pero sin pagarles la deuda por lo ya realizado. Las críticas apuntan a Romina Barrios, titular del Organismo Provincial de Intervención Social y Urbana (OPISU). En tanto que tres empresas que llegaron al conurbano de la mano de María Eugenia Vidal siguen facturando alrededor de $ 25 millones por mes.

Este martes 2 de noviembre, cuando el gobernador Axel Kicillof hizo una recorrida de campaña junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz, los barrios -anteriormente llamados villas de emergencia- elegidos fueron Sayonara y La Matera, en San Francisco Solano. Se dejó de lado Itatí, uno de los barrios más populosos del distrito sureño, pues allí las obras públicas están frenadas por falta de pagos, lo que ya generó enojos y hasta pérdidas en las empresas encargadas del tema.

“Luego de las elecciones primarias (PASO) nos pidieron que retomemos la pavimentación de la calle Ituzaingó, una de las más importantes de Itatí, pues allí está el comedor. Sin embargo, no cobramos nada desde abril, y tenemos pendiente una actualización de la obra que llevaría la deuda de $ 60 millones, cuando el dólar estaba a 20 pesos, a cerca de $ 200 millones, quedando inclusive de la devaluación del tipo de cambio oficial”, contó uno de los encargados de la obra. “Parece el cuento de la buena pipa entre la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) y la OPISU. La DPA tardó 14 meses en analizar una autorización, y cuando la iban a firmar cambió de responsable. Mientras que la OPISU nos recibe pero no hace ningún pago”, señaló otro. 

En definitiva, tras el llamado político, las empresas a cargo de la urbanización de Itatí pavimentaron algunos metros de la calle Ituzaingó, pero hoy tienen esa obra prácticamente paralizada. Hay 1.000 metros cúbicos de obra sin certificar, pagos interrumpidos desde mitad de año y falta de respuestas. “La OPISU nos dice que es la DPA, y viceversa. Se creen que somos chicos de 6 años pidiéndole permiso a los padres”, apuntó uno de los más enojados. 

Esta situación no sólo se da en Itatí, sino también en los barrios Garrote (Tigre), Porá (Lanús), Costa Esperanza y Carlos Gardel (ambas de San Martín), entre otros. En términos prácticos, uno de los problemas es que las obras son pensadas e impulsadas por la OPISU, pero las órdenes de pago salen desde la Dirección Provincial de Arquitectura. El primer organismo forma parte de la Jefatura de Gabinete, mientras que la segunda forma parte del Ministerio de Infraestructura, que hace poco cambió de titular, siendo manejado ahora por el ex intendente Diego Nardini. 

La deuda de obras pedidas por la OPISU, tanto en el gobierno de Kicillof como en el de Vidal, acumula más de $ 2.000 millones, y en todos los casos por obras que ya fueron certificadas como hechas. “Primero estaban revisando si correspondía pagar según el nivel de ejecución, después estaban todos los recursos volcados a la pandemia, más tarde esperábamos que la recaudación crezca, y ahora ya ni siquiera ofrecen una excusa”, le apuntó a Minuto de Cierre un constructor que, desde 2019 hasta ahora, pasó de tener 400 a 80 empleados. “La asunción de Axel (Kicillof) fue una luz de esperanza para nosotros, pero llevamos casi dos años y la plata no aparece”, agregó.

En la última semana fue tomada con expectativa favorable la declaración del ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque, sobre la necesidad de “no amarretear”. Sin embargo, también hay dudas sobre la capacidad de realización del resto de los funcionarios que integran el gabinete del gobernador Kicillof. De quien, por otra parte, recuerdan que no fue el ministro de Economía más gastador de la historia. 

Apunten contra Barrios: ¿lo hace a propósito o “no funciona”?

Aunque la responsabilidad de pagar las obras es del Ministerio de Infraestructura, los contratistas creen que Romina Barrios, titular de la OPISU, es parte del problema y no de la solución. Algunas recuerdan la frase que Cristina Fernández de Kirchner dirigió a “albertistas” del gobierno nacional: “funcionarios que no funcionan”. El enojo con Barrios creció porque circuló la información que tres empresas apuntadas como “macristas”, por haber llegado a la Provincia en la gobernación de María Eugenia Vidal, facturan todos los meses $ 25 millones sin transpirar. Se trata de Ashira, Servicios Ibarra y Segeaser. 

Estas tres prestan, en una especie de cartelización, un servicio de higiene y limpieza que es una especie de “taxi”: cobran seguro todos los meses. Se trata de la limpieza de pozos sépticos y acarreo de agua potable para los pobladores. Un servicio que, realización de infraestructura -agua potable y cloacas- mediante, va retrocediendo. Pero, curiosamente, estas tres empresas siguen cobrando como si no hubiera avances, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires.

En una nota de fines del 2018 (https://www.minutodecierre.com/nota/2018-11-23-10-25-0-vidas-paralelas-la-funcionaria-y-el-organismo-bonaerenses-que-arrancaron-como-estrellas-y-hoy-pelean-por-una-pequena-cuota-de-poder-y-presupuesto), Minuto de Cierre advirtió sobre los manejos discrecionales en este punto a favor de ciertas empresas. Con una funcionario macrista, Valeria Grand, que había llegado al cargo -como casi todo el gabinete de Vidal- desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

En este punto, las dudas sobre la persistencia de este esquema apuntan a Romina Barrios, que parece muy permisiva a estas cuestiones para ser integrante de La Cámpora. Mientras los constructoras debaten si esta funcionaria “es o se hace”, los pagos no aparecen y las obras están paralizadas.

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