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La idea de copiar un esquema porteño (la Unidad de Gestión de Intervención Social, UGIS) pareció correcta hasta que la Provincia de Buenos chocó con una limitación que la Ciudad Autónoma no tiene: la falta de presupuesto. Así, el OPISU, hecho a imagen y semejante de la UGIS (organismo que centraliza la intervención del Estado PRO en las villas), arrancó 2018 con todo y no se sabe si dispondrá de presupuesto para el 2019.

A comienzos de este año, la expectativa era que el organismo ideado por María Eugenia Vidal realizara intervenciones de emergencia sobre las villas más pobladas y emblemáticas del Conurbano: La Cava (San Isidro), Itatí (Quilmes), Libertad (Almirante Brown), Pará (Lanús), Costa Esperanza (San Martín) y Carlos Gardel (Morón). En una segunda etapa se sumarían Puerta de Hierro, casi un ícono del peronismo en La Matanza, y Garrote (en Tigre).

El OPISU fue pensado como un complemento del plan “El Estado en tu Barrio”, generando que la obra pública en villas de emergencia llegara acompañada de un florecimiento de los punteros y la influencia del partido de gobierno (el PRO) en esos territorios naturalmente hostiles. Un objetivo que, en gran medida, el partido que lidera Mauricio Macri consiguió en el Sur de la Capital Federal, donde pasó de perder a ganar las elecciones.

Pero Quilmes no es Pompeya, La Matanza no es Villa Lugano, San Martín no es Villa Soldati, y la OPISU naufragó antes del año de vida. En gran parte, el motivo es presupuestario: cuando la Provincia de Buenos Aires decidió resignar $ 5.000 millones en obras, el OPISU fue uno de los primeros destinos de la tijera en épocas de ajuste. 

Pero, además, el organismo terminó resultado una cáscara vacía. Porque sus “intervenciones sobre el territorio” (típico definición de PRO-peronistas) terminaron dependiendo del Ministerio de Infraestructura, conducido por Roberto Gigante. “Lo hicieron un organismo sin caja, entonces perdió su sentido”, sintetiza un legislador de Cambiemos que conoce (y mucho) los recovecos de obra pública provincial.

Valeria Grand: de “protegida” a caminadora de la Villa Itatí

El derrotero descendente de la ex empresaria y arquitecta Valeria María Grand es similar al del OPISU, aunque en un trayecto más largo, que comienza en 2016. Arrancó la Gestión Vidal con todo: Edgardo Cenzón, que antecedió a Gigante como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, le dio cargo, sueldo e influencia.

Grand arrancó con un contrato de $ 170.000 mensuales por medio año, lo que despertó celos entre funcionarios que ganaban mucho menos. Además, formaba parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la OPISU. Y consolidó un esquema en el que gran parte de las obras públicas quedaba en las manos de siempre: Ashira y Servicios Ibarra principalmente. 

Debido a ello, los memoriosos recordaron antecedentes públicos y privados de la arquitecta Grand. En el primer orden, que su empresa Think Brinks había ganado un contrato millonario (más de $ 1,1 millón) para proveer luminarias al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). 

También se apuntó que había sido dueña de la empresa MVD (además de la anterior), resultando un salto rápido del sector privado al público. Sin embargo, si se mira su Linkedin, Grand solo admite trabajo en “Emprendimientos FyF S.R.L.” (donde sigue estando), Cines Hoyts, Cencosud y Municipalidad de Marcos Paz. Es llamativo que no haya publicado Think Bricks S.A., donde figuraba como presidenta en 2007.

De Cenzón a Federico Salvai, un camino descendente

Grand supo cobijarse bajo las figuras de Edgardo Cenzón, uno de los más influyentes e históricos hombres del PRO, y de Mariana Arribas, sindicada como “niña mimada” de la gobernadora Vidal. Sin embargo, la renuncia de Cenzón, que dejó su cargo en diciembre de 2016, cambió el destino de Grand.

En la actualidad, según fuentes del Ministerio de Infraestructura, la arquitecta que se presenta en Linkedin como “Líder de Proyecto Intervención Urbana en Villas y Asentamientos Precarios”, cobraría un sueldo menos jugoso que el que le había asignado Cenzón: $ 70.000. Otras fuentes sin embargo, dicen que hay que agregarle un 1 adelante, como desde 2016: $ 170.000.

Desde lo operativo, Grand es la responsable del OPISU en la Villa Itatí de Quilmes, una de las más grandes y complejas del Conurbano. Su apoyo político en esta era sería Federico Salvai, a quien muchos le atribuyen un fuerte enfrentamiento con Cenzón, en tanto que otras versiones apuntan que el mismo es simulado.

Entre los mares del recorte fiscal, el abandono de la política de quien fuera su jefe, y una Provincia de Buenos Aires que no sabe cómo despegar su destino de la Nación, Valeria Grand pelea a brazo partido por demostrar que el OPISU sigue siendo una buena idea. Falta ver si se le asigna presupuesto a la misma, o se la destierra al mundo del olvido.