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“Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia”, arrancó Heller, quien habló de “entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias”, y además vinculó la caída de la actividad “a la pandemia, y no a la cuarentena”. En ese sentido, sostuvo que “en todos los países se ha producido una enorme caída de la actividad económica” más allá de las medidas de aislamiento, y ejemplificó que “Europa calcula que va a demorar entre dos y tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la crisis”.

En este contexto, el oficialista explicó que la idea del aporte “se apoya básicamente en la situación extraordinaria” más allá del estado en que se encontraba el país al asumir Alberto Fernández. “Nadie en este país ni en el mundo podría negar que estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones y las expectativas”, acotó. Detalles y cambios del proyecto

Heller señaló que se buscó “encontrar el punto ideal entre la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener”, y reveló que la cantidad de personas obligadas a realizar este aporte “va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, como se estimaba en un principio. De todos modos, el diputado aclaró que “eso tal vez no modifique demasiado las estimaciones que tenemos de ingresos, porque probablemente haya habido un proceso de desconcentración de riqueza personal en los niveles más altos de estas escalas”.

El titular de la comisión recordó que se tomará el patrimonio declarado al 31 de diciembre de 2019 a partir de los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos. El proyecto establece que en el caso de los bienes declarados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, pero a partir de un agregado que sufrirá el proyecto, las personas alcanzadas quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”. En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Por otra parte, ante un planteo de Ricardo Buryaile (UCR) acerca de que “si es un aporte, puede ser voluntario”, el presidente de la comisión anunció: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’, para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”. Por último, Heller anunció que habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. “Hemos escuchado comentarios y críticas respecto de que había un tratamiento desigual con aquellos que habían cambiado de residencia y que podían no quedar alcanzados por la ley”, señaló.

“Todos somos conscientes de los enormes esfuerzos que el Estado nacional viene haciendo desde el inicio de la pandemia”, arrancó Heller, quien habló de “entre 850 y 900 mil millones de pesos en erogaciones extraordinarias”, y además vinculó la caída de la actividad “a la pandemia, y no a la cuarentena”.

En ese sentido, sostuvo que “en todos los países se ha producido una enorme caída de la actividad económica” más allá de las medidas de aislamiento, y ejemplificó que “Europa calcula que va a demorar entre dos y tres años en recuperar los niveles de actividad previos a la crisis”.

En este contexto, el oficialista explicó que la idea del aporte “se apoya básicamente en la situación extraordinaria” más allá del estado en que se encontraba el país al asumir Alberto Fernández. “Nadie en este país ni en el mundo podría negar que estamos ante un fenómeno impensado que ha alterado todas las previsiones y las expectativas”, acotó.

Detalles y cambios del proyecto

Heller señaló que se buscó “encontrar el punto ideal entre la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener”, y reveló que la cantidad de personas obligadas a realizar este aporte “va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, como se estimaba en un principio.

De todos modos, el diputado aclaró que “eso tal vez no modifique demasiado las estimaciones que tenemos de ingresos, porque probablemente haya habido un proceso de desconcentración de riqueza personal en los niveles más altos de estas escalas”.

El titular de la comisión recordó que se tomará el patrimonio declarado al 31 de diciembre de 2019 a partir de los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos.

El proyecto establece que en el caso de los bienes declarados en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, pero a partir de un agregado que sufrirá el proyecto, las personas alcanzadas quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”.

En cuanto al destino de lo recaudado con el aporte solidario, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; un 20% para subsidios a las MiPyMEs; un 20% para el programa Progresar; un 15% para la urbanización de barrios populares; y un 25% para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Por otra parte, ante un planteo de Ricardo Buryaile (UCR) acerca de que “si es un aporte, puede ser voluntario”, el presidente de la comisión anunció: “Vamos a ponerle la palabra ‘obligatorio’, para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”. Por último, Heller anunció que habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. “Hemos escuchado comentarios y críticas respecto de que había un tratamiento desigual con aquellos que habían cambiado de residencia y que podían no quedar alcanzados por la ley”, señaló.

Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas. Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre “la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto”, aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.

“No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…”, comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que “no lo iba a convencer” y que “en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”. “Si es un aporte, puede ser voluntario”, insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.

Además, el oficialista especificó que “este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa”. Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: “Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar”.