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La revisión de la corrupción estatal en gobiernos pasados, además de ser un tema legal, moral y político, en muchos casos pasa a ser una necesidad económica. Si resulta electo gobernador de Tierra del Fuego (eso vaticinan las encuestas, en primera o segunda vuelta), Gustavo Melella sabe que podría aplicar mejor el gasto provincial si detecta corrupción onerosa. La gestión de Rosana Bertone le deja una deuda de u$s 200 millones tomada al 9%, que ya empezó a pagarse; una plantilla política numerosa; sueldos públicos atrasados; y un largo etcétera que constituye una verdadera pesada herencia. El intendente de Río Grande prefiere recomponer los sueldos públicos y evitar los sobreprecios. 

Por eso, a la hora de revisar los contratos que firmó la actual gobernadora, Melella piensa analizar algunos emblemáticos: la Ruta Costera del Beagle, el Microestadio de Río Grande, el Hospital Regional de Ushuaia, entre otros. Pero, analizando cómo serían los mecanismos de corrupción, ya puso un equipo a trabajar en una licitación pequeña -algo más de $ 16 millones- pero que podría ser un ejemplo a pequeña escala de cómo maneja Bertone los fondos públicos.

Es el caso de Ingeniería 65 S.R.L., una empresa que declara domicilio en Ushuaia (en la calle Magallanes al 2393) pero no especifica quiénes son sus dueños. Según pudo averiguar este medio, serían chinos, y piensan usar el caso de la ciudad más austral del país como modelo para facturar en otras provincias y ciudades de la Argentina.

El caso de Ingeniería 65 S.R.L. sería un leading case de corrupción por varios factores: sobreprecio, cómo se eliminó a los competidores, recurso administrativo presentado en queja, la intervención del Tribunal de Cuentas Provincial (TCP), y por qué Tierra del Fuego corrió con el gasto en lugar del municipio de Ushuaia.

Melella ya armó un equipo anticorrupción que trabaja a medio tiempo, analizando sobre todo este caso. El mismo está integrado por un importante y calificado secretario del municipio de Río Grande, un miembro del TCP, otro de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia, y dos asesores que trabajan con diputados nacionales de renombre. Los nombres de estas personas están guardados bajo siete llaves, aunque algunos pueden adivinarse. Y los puntos que están trabajando sobre Ingeniería 65 S.R.L. son los siguientes: 

-Aparente sobreprecio: la Licitación Pública 6/2018 fue ganada con una oferta de $ 16.105.000. Entre los perdedores de la misma se habló de un sobreprecio de $ 4 millones, alrededor del 25% del total. Si la misma regla corrió para otras licitaciones públicas, entonces las cifras perdidas por la administración provincial equivalen a miles de millones de pesos.

Apenas asumió la intendencia de Río Grande, en 2011, Melella congeló los precios de la obra pública. Con la inflación rondando el 25% anual, al cabo de un año gastaba lo mismo que la administración anterior, y hacía más obra pública. “Los podría haber perseguido, pero simplemente los obligó a cobrar precios reales”, recuerda uno de sus colaboradores. “Con los que hicieron meganegocios con Bertone sería más duro”, agregó.

-Todos descalificados, menos uno: Ingeniería 65 S.R.L. ganó la licitación prácticamente sin competencia. La Dirección Provincial de Energía (DPE) descalificó, por distintos motivos, las ofertas de Datanhome Supplier S.A., L.M. Sistemas Lumínicos S.A., Propagación S.A. y Cooperativa de Trabajo Ex Aurora Limitada (Renacer). Esta última es una de las electrónicas que, frente a políticas nacionales que destruyeron la industria de Tierra del Fuego, y un gobierno provincial que no hizo nada para evitarlo, trata de sobrevivir al cierre convirtiendo el abandono y vaciamiento de sus antiguos dueños en una cooperativa.

-Queja de una competidora: LM Sistemas Lumínicos, una de las firma que perdió la licitación, envío un recurso de queja administrativo a la DPE, que fue contestado por la misma. El archivo que acompaña esta nota es la respuesta de la DP. En una eventual “Conadep de la Corrupción”, este tipo de material se aceptaría como prueba a contrastar.

-La intervención del Tribunal de Cuentas: emitió un dictamen, pero se mantiene en secreto por ahora. En febrero de este año, el auditor fiscal observó el contrato, "pero no la tomaron en cuenta, y el expediente nunca volvió al TCP", cuenta una persona que trabaja en ese organismo. Que además cuenta que el monto del contrato se estiró a casi $ 16,5 millones.  

-El gasto fue provincial y no municipal: podría haber sido solventado por la intendencia de Ushuaia, sin embargo Bertone, aliada política del jefe comunal Vuoto, prefirió que la provincia se hiciera cargo.