Peña y Abad taparon una subfacturación de Odebrecht, evitándole una multa millonaria y la causa penal que hubieran correspondido
En marzo del 2016, un directivo de AySA le pidió a Marcos Peña que agilizara -o hiciera la vista gorda- con unos caños que Odebrecht declaró como domiciliarios, cuando en realidad eran para una gran obra. Con el cambio de posición arancelaria, la empresa del Lava Jato evitaba el pago de millones de dólares. La Aduana detectó la maniobra. Pero los oficios de Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Alberto Abad, administrador federal de Ingresos Públicos, destrabaron el tema sin ninguna consecuencia para la empresa. Como mínimo, se les aplicaría la figura legal tráfico de influencias. El lobista de esta gestión fue Daniel Capdevila, que en 2018 sería echado de Astilleros Río Santiago luego que se le detectó una cuenta bancaria con $ 1.000 millones.
“Marcos, lamento tenerte que molestar por temas tan elementales, pero necesito tu ayuda”. El email, un ruego desesperado, fue disparado desde la cuenta de Daniel Capdevila (daniel_capdevila@aysa.com.ar), directivo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) el 31 de marzo del 2016, a las 11:08. Apenas 33 minutos después, a las 11:41, fue contestado por Marcos (Peña, jefe de Gabinete de la Nación). “Hola Daniel, copio a Alberto para que lo vean con él. Abrazos, Marcos”, fue la breve y ejecutiva respuesta. El administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, también actuó rápido, aún sabiendo que avalaba una maniobra contra todas las normas del organismo que conducía, las cuales conoce muy bien debido a su experiencia. A las 12:22, apenas 41 minutos luego de recibir el pedido del jefe de Gabinete, Abad le ordenó al directo de la AFIP Ernesto Donato “Favor Activar”. El email saliendo desde albertoabad@afip.gob.ar hacia edonato@afip.gob.ar, con el asunto “Caños demorados en Aduana, obra de AySA parada”.
Con esta orden de Marcos Peña hacia Abad, y del administrador federal a Donato, el Gobierno accedió al ingreso de caños de agua brasileños que no sólo mintieron con su posición arancelaria para pagar menos impuestos, sino que además estaban penalizados por dumping desde el 2010. De acuerdo a la normativa que dictaminó a esas caños como competencia desleal para la industria argentina, debían pagar un arancel del 143% si provenían de Brasil, o del 295% si el origen era China. Para no pagar ese 143% es que Odebrecht y sus socios hicieron la maniobra que Abad y Peña le perdonaron. A tal punto, que con una resolución del 2016 hicieron la excepción para este caso, y con otra del 2016 volvieron al arancel anti-dumping.
El propio email de Capdevila a Marcos Peña le pone números a la maniobra. Por el embarque con factura 613034, “la multa a pagar asciende a U$S 520.159,03 siendo el valor total para liberar esta actuación de U$S 1.040.318,06”. Por el embarque siguiente, que era el noveno (factura 615799), “La multa a pagar asciende a U$S 710.863,48 siendo el valor total para liberar esta actuación de U$S 1.421.726,96”. Pero además había “otras dos actuaciones en curso que se encuentran supeditadas, que llegan a U$S 107.884,18 y U$S 539.295,08 respectivamente”.
En definitiva, Capdevila le pedía a Marcos Peña, y luego a Alberto Abad, que liberara mercadería ingresada de modo irregular al país, que le perdonaran una multa de u$s 1,20 millón, y que no la aplicara a dos embarques más cuyo valor antes de calcular la multa- llegaba a casi 650.000 dólares. Capdevila es ingeniero, cuñado del secretario de Legal y Técnica de Macri, Pablo Clusellas, y se hizo famoso entre fines de 2017 y comienzos del 2018, cuando dirigiendo Astillero Río Santiago le descubrieron una cuenta bancaria por $ 1.000 millones, tras lo cual fue echado: http://www.notinac.com.ar/politica/item/29977-el-astillero-va-a-la-justicia-contra-su-interventor-daniel-capdevila-por-movimientos-millonarios/29977-el-astillero-va-a-la-justicia-contra-su-interventor-daniel-capdevila-por-movimientos-millonarios.html
Tras la presentación que hiciera Marcos Peña entre ellos, Capdevila comienza su email del 13 de abril con “Alberto, disculpame ayer que te abordara en la cena de CIPPEC. Te reenvío el e-mail que te reenviara Marcos con el tema. Acabo de ver un e-mail que te mando Alejandro Vivone (otro directivo de AySA), estamos hablando de lo mismo, pero en este e-mail hay más información”. El asunto del correo electrónico es “Caños demorados en Aduana, obra de AySA”.
Tras esa presentación, Capdevila lisa y llanamente describe la maniobra de subfacturación que realizara Odebrecht, contándoselo nada menos que a la autoridad que debería evitar y penalizar esas conductas: el administrador federal. “Te cuento brevemente el tema, en Escobar estamos haciendo un acueducto de 1,2 metros de diámetro, las piezas y los caños nunca se fabricaron en la Argentina”, comienza Capdevila. Y luego incurre en una especie de confesión: “El código aduanero con que fueron clasificado es lo que se usa para la grifería domiciliaria, que tiene dimensiones de 1/2 pulgada, 3/4 o 1 pulgada. Según las notificaciones recibidas el 1/04/2016, la Aduana dispone sumariar a AYSA (importador) por presunta infracción al artículo 954 inciso a del Código Aduanero”.
Además, esta historia tiene otro condimento que la vuelve más interesante: la empresa que necesitaba esos caños para hacer una planta potabilizadora, y que los había importado con una posición arancelaria falsa, generado así un sumario contencioso en la Aduana, fue nada menos que Odebrecht. La firma brasileña que dio origen al mega-escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que sacudió toda la política del país vecino.
La infracción fue un clásico de las maniobras aduaneras: cambiar la posición arancelaria para pagar menos impuestos. Odebrecht ingresó la mercadería como accesorios de tubería moldeados de fundición no maleable (de uso domiciliario), cuando en realidad eran moldeados de fundición, que tienen que pagar 143% por derecho de antidumping si proceden de Brasil.
El crítico informe de la Aduana
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, conducida por Javier Zabaljauregui, a través de un sumario interno, emitió duros informes sobre los caños que importaron Odebrecht y las otras empresas del consorcio dedicado al acueducto para Escobar. Dicen lo siguiente:
La firma CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – SUPERCEMENTO S.A.I.C. – JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. –UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E) C.U.I.T. N°30-71074741-1 con fecha 18/01/2016 presento ante el Departamento de esta Aduana el pedido de supeditación para declarar la importación para consumo de la mercadería …”
-“Respecto de la Factura Comercial Nº 613175 es menester aclarar (…) como consecuencia del control efectuado (…) se procedió a interdictar la mercadería con derecho a uso. Conforme lo observado, se advierte que la mercadería consiste en accesorios de tubería de función de hierro dúctil, origen BRASIL. La mercadería supervisada fue clasificada por la PA 7307.11.00.900K (accesorios de tubería moldeados de fundición no maleable), correspondiendo su ubicación en la PA 7307.19.90.139E (los demás accesorios de tubería moldeados de fundición), mercadería alcanzada por las Resoluciones MI 202/10 Y MEFP 1006/14, que establece un derecho antidumping ad-valorem del 143% para origen Brasil”.
-“Que la situación descripta habría producido un perjuicio fiscal de u$s 59.321,72. Se le corrió traslado al despachante y a la firma imputandose la infracción prevista y penada en el artículo 954 inciso a del Código Aduanero. Actualmente el sumario se encuentra en etapa probatoria. Esta mercadería se encuentra liberada”.
Caños investigados y penalizados por dumping desde 2009
Los caños que trajo Odebrecht en 2016, con la autorización de Marcos Peña y Alberto Abad, son investigados por duping desde el 2009. La sospecha es que, aunque su origen comercial sea Brasil, en realidad llegan al país vecino desde China, con la consecuente baja de costos forzada, conocida en el comercio internacional como dumping.
El 18 de mayo del 2009, la Secretaría de Industria, Comercio y la Pequeña y Mediana Empresa abrió una investigación a partir de la Resolución 143. La Comisión Nacional de Comercio Exterior, órgano descentralizado de esa secretaría, estableció -por pedido de investigación de la firma DEMA S.A.- “los accesorios de tubería de fundición de hierro maleable de producción nacional se ajustan a la definición de producto similar a los importados de Brasil y China”. A partir de allí se abrió el proceso de investigación.
Un año y medio después, en noviembre de 2010, la investigación se cerró con resultados concluyentes: la “tubería de fundición de hierro maleable originaria de la República Popular China y de la República Federativa del Brasil causa daño importante a la rama de producción nacional del producto similar”, según la Resolución 202/2010 del Ministerio de Industria que conducía Débora Giorgi. Frente a ello, la medida que se tomó fue fijar un valor antidumping del 143% para Brasil y 295% a China, dinero extra a pagarse sobre el costo de la importación. La medida regiría durante 5 años.
En el 2014, mediante la Resolución 1006 del Ministerio de Economía, se extendió la medida antidumping a las tuberías de fundición de hierro nodular, también provenientes de Brasil y China. En noviembre de 2015, mediante la Resolución 1556, el mismo ministerio procedió a la “apertura de examen por expiración de plazo” de la medida antidumping, mientras que la misma se mantenía vigente.
Medio año después, los vientos políticos habían cambiado. La presión de Peña y Abad surtió efecto. Mediante la Resolución 263 del Ministerio de Producción, a cargo del exótico Francisco “Pancho” Cabrera, se estableció que la medida antidumping “no comprendía a los accesorios de tubería de fundición de hierro maleable, incluyendo los de diámetro superior o igual a 600 milímetros provenientes de Brasil y China”. Una norma que parecía dictada a pedido de Odebrecht y sus socios económicos y políticos.
En mayo de 2017, cuando Odebrecht se había ahorrado millones de dólares de penalidad, la Resolución 204 del Ministerio de Producción volvía a los derechos antidumping. Según se publicó en el Boletín Oficial del 19 de mayo, la medida seguía vigente por 5 años más. Aunque cerraba las investigaciones con respecto a diversas empresas chinas que la habían violado.
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