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Hace más de un año, Alejandro Manuel Urtubey -DNI 14.176.709- quebró en la justicia comercial tras acumular más de 300 cheques rechazados en lo que era su principal negocio: la categoría automovilística Top Race. Como contó Minuto de Cierre (http://www.minutodecierre.com/nota/2018-12-27-11-13-0-alejandro-urtubey-el-hermano-que-incomoda-al-candidato-cheques-sin-fondo-quiebra-personal-empresa-off-shore-y-sospechas-de-lavado-de-dinero?fbclid=IwAR2TpHYdpaf-VSIpUTzVOY70eSjcrE9bs1rHgbik9vtozN5iMIt5IoqvK-Q), eso ocurrió tras varias maniobras que incluyeron derivar facturación de una empresa a otra (del mismo dueño, buscando evitar embargos), emitir cheques sin respaldo, y embarcarse en gastos que sabía impagable. 

Los pilotos y profesionales de la categoría Top Race se podría haber evitado el mal trago solo preguntando por Urtubey en San Isidro, uno de los distritos del norte bonaerense gobernado a perpetuidad por el apellido Posse: Melchor (ya fallecido) desde 1983 hasta 1999, su hijo Gustavo desde entonces hasta hoy.

En 2003, con su primera reeleción garantizada, el intendente Gustavo Posse decidió licitar los edificios anexos del Viejo Hospital de San Isidro, fundado en 1892 y en funcionamiento desde 1909. Allí comenzó una denuncia de enredos que incluyó una denuncia que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia bonaerense; el apellido Galmarini del lado de los demandantes; y los apellidos Posse (de prosapia radical), Urtubey (peronista) y Gravier (clase alta proclive a los negocios fáciles) del otro. 

“El problema es que los vendió en un millón de dólares, y eso valía 10 millones. En ese pase de manos, tanto Urtubey como sus socios se quedaron con la diferencia”, apuntó a Minuto de Cierre Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa y tradicional opositor a la monarquía possista de San Isidro.

Según detalló Diario Perfil en una extensa nota de investigación (https://www.perfil.com/noticias/policia/los-negocios-detras-de-la-cesion-del-viejo-hospital-de-san-isidro-20120716-0025.phtml), el predio, media manzana ubicada en pleno centro del exclusivo San Isidro se vendió por apenas 165 dólares el metro cuadrado, más barato que un terreno valdío ubicado cerca de Villa La Cava.

La operación se realizó por $ 4.351.000, se mantuvo fijo ese precio del 2003 (aunque se pago más adelante), y se trataba de 6.600 metros cuadrados. Según los cálculos de inmobiliarias de la zona en aquel momento, el terreno baldío se cotizaba por lo menos 4 veces más (a 700 dólares), y el precio de viviendas terminadas se multiplicaba por más de 15: 2.600 dólares el metro.

Urtubey con historia repetida: cambio de manos y cheques sin fondo Esa media manzana de espectacular ubicación, pagado por una ínfima parte de su valor, quedó en manos de AG Producciones, firma de Alejandro Gravier (llevaba sus iniciales), esposo de la reconocida modelo Valeria Mazza. 

En 2008, la firma de Gravier, un NYC (nacido y criado) típico de San Isidro, quedó bajo investigación de la Justicia por presunta evasión fiscal. En 2010 fue vendida a Corporación Inmobiliaria Argentina, constituida por Gravier simultáneamente a la compra del terreno (en 2004), y recién ahora lo está desarrollando (construyendo y vendiendo) Grupo Portland. Más de 15 años después.

¿Quiénes aparecen en el medio de este proceso, haciendo un negocio millonario con una inyección de capital mínima? Más aún, cuando ya el metro cuadrado ahí vale más que los 2.600 dólares del 2003. Pues bien, los beneficiados son Gravier y Urtubey. Según lo que señala un empresario que estuvo cerca de vincularse al proyecto, Gravier sigue en el mismo, aunque formalmente vendió Corporación Inmobiliaria Argentina a Forcadell-Badino, alianza entre un grupo español y un broker inmobiliario argentino.

En cuanto a Urtubey, ya no está en el proyecto, pero dejó un mal recuerdo entre varios perjudicados. “Hizo cheques persanales por más de $ 140 millones y el juez de la causa apenas reguló $ 28 millones. Nos dejó colgados a varios”, cuenta un empresario del sector salud de tradicional apellido en San Isidro, bajo reserva de su identificación.

“Mis créditos eran documentos personales firmados por Urtubey ante escribano. Sin embargo, el juez de la causa solo consideró válidos los avalados por título hipotecario. Una interpretación jurídica muy extraña”, agregó la misma fuente con una mueca de escepticismo sobre el rostro. 

En cuanto a la causa que llevó adelante Sebastián Galmarini, junto al recurso de amparo presentado por la ONG Brazos Abiertos, terminó en 2010 con una sentencia favorable al municipio por parte de la Corte Suprema de Justicia bonaerense. 

El argumento fue que la venta era “formalmente legal”. Como si ello tapara que un bien público fue vendido muy por debajo de su valor real. Gracias a ellos, Gravier, Alejandro Urtubey, y quizás algún funcionario, hicieron un pingue negocio.