Prescribió la causa Rohm: el banquero acusado de la mayor fuga de dólares

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Por Antonio D'Eramo

Los ecos del "corralito", o para ser más precisos, de la historia previa al "corralito" bancario que mató a muchos ahorristas por el disgusto y que enfermó a muchos otros, vuelven a oírse, esta vez, como resultado de la inacción de la Justicia, que transcurridos dieciséis años, debió aceptar la prescripción de una de las causas más graves de la historia económica nacional.  La Argentina parece que olvida rápidamente sus tragedias financieras pero, en algún momento, reaparecen las heridas cuando se conocen hechos judiciales como este.

Al frente del ex Banco General de Negocios, Carlos Alberto Rohm, y su hermano José "Puchi" Rohm, quien murió en abril de 2014, a los 69 años, estaban acusados de haber incurrido en la "captación clandestina, desvío al exterior y apropiación de fondos; desvío de depósitos de ahorristas; asistencia irregular a empresas vinculadas; apropiación de títulos valores y acciones del ex Banco Comercial del Uruguay".

El Tribunal Oral Federal número tres había rechazado la prescripción, pero los jueces de Casación, con las firmas de los magistrados Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos consideraron que esos hechos estaban prescriptos. Rohm fue citado a indagatoria el 25 de enero de 2002, cuando la Argentina estaba en una situación crítica por la confiscación de dólares en el sistema bancario, pero la causa fue convocada a juicio el 7 de agosto de 2014, es decir 12 años después de los hechos. Entre el momento en que el expediente pasó a la etapa de juicio oral, el 13 de noviembre de 2006, y el llamado efectivo de las partes a juicio, pasaron ocho años, es decir dos más del máximo de la pena para la "administración fraudulenta", que es de seis años de cárcel. Esa es la razón por la que el caso quedará impune. 

Pero, acaso la razón principal, también esté relacionado con el escándalo que involucró a la Justicia federal, cuando se investigó a un secretario por el descubrimiento de 45 apelaciones de causas abandonadas, entre ellas la causa contra los hermanos Rohm y el Banco General de Negocios. El secretario de la sala I del máximo tribunal penal del país, Javier Reyna de Allende,que se desempeñaba en una de las Salas de la Cámara Federal de Casación Penal, fue investigado por el juez Alejandro Slokar. Por la Cámara Federal de Casación Penal pasan todos los casos de corrupción, ya que no sólo es el tribunal de alzada de los tribunales orales y la Cámara Federal penal porteños sino también de todos los tribunales federales dispersos por el país.

La explicación, en ese momento, fue que los expedientes estaban "traspapelados". Y, entre los 45 casos,  que habían llegado apelados a la sala I de la Casación Penal federal ya fueron todos resueltos. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, la causa del Banco General de Negocios (BGN). Este es uno de los ejemplos que, ponen en blanco sobre negro, como aparecieron obstáculos que impidieron la realización del debate judicial que deslindara responsabilidades. 

La causa había sido impulsada, por las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña, quienes denunciaron que el BGN fue el banco que más dinero de la corrupción lavó en la Argentina durante los años '90. En el expediente principal "ha quedado acreditado que dentro del Banco General de Negocios -y contra los propios intereses de esa persona jurídica- se desplegó una operatoria financiera paralela que tenía como objetivo captar fondos de ahorristas para ser depositados en una plaza financiera extranjera, siendo receptoras sociedades vinculadas a los accionistas de la entidad bancaria".

Así, se acreditaban los depósitos efectuados en Buenos Aires, en la sede del BGN, "a favor de la Compañía General de Negocios SAIFE o SA, con asiento registral en del Uruguay y en las Islas Vírgenes Británicas, respectivamente". El recupero del dinero "se tornó, al menos y aún hoy, incierto, derivándose de ello la infidelidad con que se administraron los fondos confiados". Una vez más perdieron los que confiaron.