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La investigación comenzó el 14 de marzo de 2012, tras un comunicado público realizado por organizaciones vecinales y ambientalistas que, entre varios reclamos, exigían al Juzgado Federal de Quilmes una intervención para frenar la contaminación de la compañía de la calle Espora al 200.

En ese marco, el fiscal Federal titular de la Unidad de Investigaciones en Materia Ambiental, Ramiro González constató que, cruzando la Autopista Buenos Aires La Plata y en línea recta hacia la planta investigada, "existe el comienzo de un canal que atraviesa terrenos arbolados, propiedad de Smurfit Kappa de Argentina S.A., que desemboca en el Río de La Plata, siendo el caudal de color oscuro con un olor intensamente nauseabundo y observándose en sus bordes un lodo con la consistencia de engrudo, con restos de papel picado en algunas partes y también aureolas similares a restos de sustancias químicas.

Según denunciaron las agrupaciones ambientalistas de Quilmes, la propia empresa cavó un arroyo artificial de 1.803 metros que nace de la salida de las descargas de la papelera y termina en las playas de Bernal.

Durante la instancia de investigaciones, la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina logró corroborar que el arroyo comienza a pocos metros de la Autopista y la primera parte del trazado llega a un portón con la leyenda: "Prohibido el ingreso de personas o vehículos ajenos a la empresa Smurfit Kappa".

Asimismo, los efectivos descubrieron que, luego del portón, el trazado "continúa por un sector de casas humildes, donde se observan también el mismo líquido nauseabundo, restos de papel picado, el lodo oscuro y con aureolas tornasoladas, que también ensucia el agua de las playas cercanas al Río, donde a metros hay pescadores y personas paseando por la costa".

En la misma diligencia, los policías ambientales consultaron a diferentes vecinos que habitan esa zona, quienes "refirieron que el olor nauseabundo que surgía de la planta es muy fuerte y en ocasiones prácticamente insoportable", al tiempo que señalaron que Smurfit Kappa "vuelca sus efluentes en forma subterránea a un conducto que cruza la Avenida Caseros y pasa por debajo del predio donde acopian el cartón y papel para reciclar, hasta llegar al otro lado de la Autopista donde continúa en forma descubierta hasta el Río de La Plata". 

Con toda esa evidencia, el juez interviniente delegó la instrucción a la Fiscal Federal Silvia Ruth Carvallo, quien dispuso el registro del predio de la firma y, además, constató que Smurfit Kappa "carecía tanto del permiso de vuelco de efluentes líquidos como del certificado de aptitud ambiental".

Luego de casi cinco años de investigaciones, el pasado 29 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (como presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky (como vocales), confirmó, por mayoría, la resolución dictada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había resuelto procesar a Carlos Julio Barrozi Mulki -presidente de la firma Smurfit Kappa de Argentina SA- "en orden al delito de contaminación".