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El fiscal Federico Delgado pidió que se investigue el endeudamiento y el posterior pago a los Fondos Buitres porque considera que fueron irregularidades donde se detalla las faltas legales, las omisiones procedimentales y los antecedentes económicos que llevaron al fiscal a pedir que se unifique la reciente denuncia en el megacausa donde se investiga la deuda externa. 

Según Delgado, el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional

Para el fiscal, la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamientos comenzó con la dictadura cívico militar y continuó en democracia hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Congreso sancionó la ley 27.249, conocida como de "Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito".

Delgado identificó otras dos fallas legales en el pago. La primera tiene que ver con la firma del Acuerdo 1 entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y Nicola Stock, de la Task Force Argentina (TFA), que sepultó un avanzado litigio con bonistas italianos en el CIADI a cambio de un pago que los peritos del Central también pusieron bajo sospecha. "La identidad y titularidad de los demandantes es desconocida, lo cual impide conocer si son quienes en realidad impulsan el arbitraje" en el CIADI. 

La otra irregularidad jurídica involucra a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Ante del pago a los buitres, el máximo tribunal sentó jurisprudencia con un rotundo rechazo a una sentencia de Griesa en Nueva York, que ordenó pagar bonos en default de 1997 a la empresa Claren Corporation. Según Delgado, este sería un precedente que Macri y Prat Gay omitieron a la hora de definir los acuerdos. 

"Convalidar una acción individual promovida en un tribunal extranjero elude el proceso de reestructuración de la deuda dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido por la Constitución", sentenció la Corte al rechazar un exequátur. El exequátur es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado la ejecución de un fallo.

La ley 27.249 que autorizó el pago se aprobó con 165 votos afirmativos y 86 negativos en Diputados y con 54 afirmativos y 16 negativos en el Senado. NML Capital y los buitres Aurelius Capital Master Ltd. y Parteners LLC, Blue Angel Capital LLC y Olifant Fund Ltd, entre otros, recibieron u$s 4.672 millones.

Al analizar esos desembolsos, los peritos también aseguraron que "no hay documental que avale qué títulos se abonaron"; en el Congreso se planteó un "monto previamente determinado en cada convenio cuyo origen y determinación técnica no ha sido aportada"; la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales admitió que "no prestó asesoramiento jurídico", y la Oficina Nacional de Crédito Público aportó "únicamente un detalle global" de los montos de los reclamos. 

Asimismo, sostuvieron que "no se cuenta en todos los casos con el detalle de los bonos que conforman la negociación y en ningún caso cuál ha sido el instrumento que dio origen a la presentación ante cada juzgado"; que "no hay precisión a cuanto alcanzó la quita en los intereses", y que se desconoce a "cuánto ascienden los honorarios de los abogados".

 

 

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