La Corte Suprema ratificó la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario
La Corte Suprema de Justicia resolvió mantener vigente la medida cautelar que ordena al Gobierno a cumplir con la Ley de financiamiento universitario. La decisión se conoció luego de que el máximo tribunal declarara inadmisible el recurso presentado por el Gobierno, al considerar que todavía no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
El fallo fue suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y deja firme la obligación del Ejecutivo de aplicar los artículos 5 y 6 de la norma. Esos apartados establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, así como también la recomposición de distintos programas destinados a los estudiantes universitarios.
Ley de financiamieno universitario: qué establece la cautelar ratificada por la Corte Suprema
El conflicto judicial se inició a partir de un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con varias universidades nacionales. La presentación cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la implementación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
En las instancias anteriores, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado la aplicación inmediata de los artículos mencionados al entender que el incumplimiento de la norma podía derivar en un deterioro de los salarios universitarios, con consecuencias directas sobre el derecho a enseñar y aprender.
La resolución de la Corte no modifica ese criterio y mantiene la vigencia de la medida cautelar mientras se analiza el fondo del litigio.
Continúa el debate por la constitucionalidad del decreto
La cautelar no alcanza a otros puntos de la ley, entre ellos la recomposición presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025, que quedaron excluidos de la decisión judicial.
En paralelo, seguirá avanzando el expediente principal en el que se discute la constitucionalidad del decreto 759/2025 y la validez de la decisión del Poder Ejecutivo de supeditar la aplicación de la ley a la definición de recursos específicos para su financiamiento.
Antes de esta resolución, el presidente Javier Milei había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Congreso insistió con su sanción, en medio de una gran presión social que se manifestó en las masivas marchas federales universitarias. Más tarde, el Ejecutivo apeló la medida cautelar, presentó recusaciones contra magistrados y solicitó la excusación de los ministros de la Corte Suprema. Todos esos planteos fueron finalmente rechazados.
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