La reforma laboral obtuvo dictamen de comisión en el Senado y el viernes 27 de febrero vuelve a Diputados para su votación definitiva
La reforma laboral dio un nuevo paso en el Congreso. El oficialismo consiguió el dictamen de comisión en el Senado y ahora la iniciativa regresará a la Cámara de Diputados para ser votada con cambios el viernes 27 de febrero. Con este movimiento, La Libertad Avanza quedó a un paso de convertir el proyecto en ley, en medio de fuertes cuestionamientos opositores por el alcance de la norma y su impacto en los derechos laborales y las cuentas públicas provinciales y municipales.
El avance se produjo luego de que el oficialismo aceptara la eliminación del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad, durante el tratamiento en Diputados. Ese ajuste habilitó el respaldo necesario en la Cámara alta para emitir dictamen y encaminar el texto hacia su sanción definitiva.
Apenas siete minutos después de las 10 de la mañana, el proyecto —ya modificado tras su paso por la Cámara Baja— comenzó a debatirse en plenario en el Salón Azul del Senado de la Nación. Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda encabezaron la reunión, donde se plantearon dos alternativas: avalar el texto corregido por Diputados o insistir con la versión original de la ley.
Tras un acuerdo previo dentro del oficialismo, Patricia Bullrich, presidenta del bloque, adelantó que prosperaría la opción de aprobar el articulado reformado y expresó su confianza en que la sanción definitiva se concretará en la sesión prevista para el próximo viernes.
Reforma laboral con cambios: dictamen en el Senado y críticas de la oposición
El debate estuvo atravesado por un clima de tensión política y acusaciones cruzadas. Desde el interbloque peronista, Jorge Capitanich denunció que el proceso implicaba "una violación flagrante" de artículos reglamentarios y del 14 bis de la Constitución, en referencia a la conformación de las comisiones y la convocatoria al plenario.
Capitanich sostuvo: "Mantenemos nuestras objeciones por los niveles de afectación de los derechos de los trabajadores y del impacto desde el punto fiscal a los municipios y las provincias, y que no tiene impacto en la generación de empleo“.
En la misma línea, Mariano Recalde cuestionó el tratamiento integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”. Según planteó, la reforma fue debatida como un paquete cerrado, sin análisis pormenorizado de cada normativa involucrada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.
Otros legisladores opositores coincidieron en que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y apuntaron contra la política de reducción de impuestos promovida por el oficialismo, al advertir que “solo se los bajan a los ricos”.
Cambios en comisiones, advertencias judiciales y clima de tensión
El inicio del encuentro también estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. En el bloque del PRO, la senadora Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la UCR, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con esta nueva conformación, el oficialismo aseguró contar con “las firmas necesarias” para emitir dictamen y garantizar el tratamiento en el recinto.
Desde el oficialismo, el senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la celeridad del trámite y sostuvo que la rapidez respondía a la “eficiencia” necesaria para dejar atrás estructuras laborales que calificó como “vetustas” y fomentar el crecimiento económico. En ese sentido, Agustín Moteverde afirmó: “Tenemos apuro por volver a hacer próspera y grande la Argentina”.
La oposición, en cambio, interpretó el ritmo acelerado como una maniobra política. Fernando Salino, del bloque Convicción Federal, cuestionó el “apuro” y advirtió que ese procedimiento podría abrir la puerta a futuras impugnaciones judiciales. También objetó la eliminación del artículo 44 y definió el proceso como “lleno de irregularidades”.
Durante el debate, varios senadores anticiparon posibles presentaciones judiciales por el supuesto “incumplimiento del reglamento”. Juliana Di Tullio advirtió que la convocatoria a la comisión no respetó los plazos correspondientes y habló de vicios de “inconstitucionalidad”. En ese marco, lanzó una advertencia política: “Cuando volvamos vamos a tener que derogar esto que ustedes van a votar”.
El senador chubutense Carlos Linares cuestionó las “promesas incumplidas” hacia trabajadores petroleros y expresó: “Espero que el viernes que viene cuando se trate este tema el pueblo argentino esté en la calle nuevamente”.
El cruce más tenso se produjo cuando Florencia López afirmó que “el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se escapen de nuevo”, lo que motivó una respuesta inmediata de Bullrich: “Epa, golpista, pare ahí”.
En el cierre del plenario, la presidenta del bloque oficialista defendió la legitimidad del procedimiento, rechazó las acusaciones de corrupción y reivindicó la coherencia como base de la construcción democrática. En su exposición final, sostuvo que la reforma apunta a relaciones laborales más flexibles y aseguró: “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”.
Con el dictamen ya firmado, la reforma laboral volverá ahora a Diputados para su votación con cambios el viernes 27. Esa sesión será clave para definir el destino de una de las iniciativas centrales del oficialismo en el actual período legislativo.
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