Media sanción al proyecto que penaliza la intrusión y el vandalismo rural
Con 162 votos a favor, la Cámara Baja aprobó la modificación del Código Penal para frenar el ingreso no autorizado a campos y castigar con hasta 10 años de prisión los daños a la producción e infraestructura agropecuaria.
En una extensa y acalorada jornada de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles un proyecto de ley clave para las regiones productivas del país: la reforma del Código Penal para incorporar figuras específicas contra el vandalismo rural y la intrusión no autorizada en predios agropecuarios.
La iniciativa obtuvo media sanción tras cosechar 162 votos a favor, 77 en contra y una sola abstención. Así, el expediente fue girado al Senado, donde buscará convertirse en ley definitiva.
El dictamen impulsado por el diputado nacional Martín Ardohain, quien además preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, apunta a cubrir un histórico vacío normativo que afectaba al interior productivo.
La iniciativa plantea tipificar el ingreso no permitido a establecimientos agrícolas y agravar sustancialmente los castigos por estragos o daños infligidos contra bienes, insumos, infraestructura tecnológica y recursos del sector agroalimentario.
Durante la defensa del proyecto, Ardohain remarcó las marcadas distancias entre el marco regulatorio vigente y las realidades cotidianas que enfrentan las familias rurales.
Con un claro tono de reclamo federal, argumentó que las leyes vigentes parecen perder fuerza a medida que se alejan de los centros urbanos.
“Para muchos de los que venimos del interior, estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de federalismo. Defendemos el federalismo, a nuestras familias rurales y a nuestros trabajadores rurales, pero cuando vamos a la ley, muchas veces parece que llega hasta la última columna de luz de nuestra localidad”, aseveró el legislador.
El diputado pampeano recordó que el Código Penal sustantivo data de 1921 y subrayó que debieron transcurrir más de 105 años para que el Congreso abordara esta problemática de manera integral.
Hizo hincapié en el derecho inalienable de quienes habitan, trabajan o producen en la tierra a decidir quién puede ingresar a la propiedad privada, más allá de la mera titularidad registral del terreno.
En primer lugar, se incorpora el Artículo 150 bis, que contempla penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias en contra de la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo.
La norma establece de forma explícita que la negativa de acceso se presumirá de manera clara ante la presencia de alambrados, vallas, cerramientos, muros o cartelería indicativa.
Excepcionalmente, no se aplicará la sanción cuando medien razones de auxilio, emergencias justificadas o cuando la demarcación entre el terreno privado y la vía pública resulte difusa.
Asimismo, la escala penal del intrusismo se elevará a dos años de prisión si la irrupción no autorizada interrumpe u obstaculiza severamente el desarrollo de las tareas productivas, o si genera un peligro real para la vida de las personas, la sanidad de los rodeos o la conservación de las cosechas.
Por otro lado, se suma el Artículo 184 bis, enfocado específicamente en los actos destructivos.
Este apartado contempla penas de dos a ocho años de prisión, acompañadas por multas que irán de 3 a 12 veces el valor monetario del daño provocado.
La figura protegerá todo el ciclo agroproductivo: desde cereales y oleaginosas en pie o almacenados en silobolsas, tolvas, silos y parvas, hasta cultivos industriales como viñedos, olivares, yerbatales y cañaverales, así como el ganado de cualquier especie, insumos forrajeros y la madera apilada.
La normativa extiende de igual modo su ámbito de resguardo a la infraestructura productiva y tecnológica, castigando los destrozos en instalaciones de energía limpia como paneles solares, generadores, bombas sumergibles, sistemas de riego, corrales y alambrados.
Las sanciones contemplan importantes agravantes: la pena mínima se duplicará si el autor del hecho es un funcionario público o un actor del propio sector agropecuario, mientras que la pena máxima alcanzará los 10 años de cárcel cuando el delito se ejecute en banda, mediante violencia o desate la pérdida integral de la producción en curso.
Una brecha ideológica en el recinto
La discusión en el recinto dejó en evidencia dos visiones contrapuestas sobre la propiedad, la seguridad y el rol del Estado en las zonas rurales. Desde la izquierda, las críticas fueron tajantes.
La diputada Romina del Plá cuestionó enérgicamente el proyecto al considerar que constituye una norma diseñada para “defender a los terratenientes” y blindar los intereses del agronegocio en detrimento de los reclamos sociales y territoriales.
En la misma línea, la diputada Myriam Bregman argumentó que la reforma penal busca resguardar de forma privilegiada a las grandes corporaciones agropecuarias y propietarios de la tierra, vinculando la iniciativa con dinámicas de injerencia internacional.
Por el contrario, los bloques que respaldaron el dictamen remarcaron la necesidad de proteger a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores del interior.
El diputado cordobés Juan Brügge consideró que en el debate “primó la cordura” y subrayó el valor de proteger las inversiones en energías renovables instaladas en los campos, expuestas frecuentemente al vandalismo.
A su turno, la diputada Alejandra Torres fundamentó que las acciones delictivas no solo provocan un impacto patrimonial directo, sino que distorsionan toda la logística, los costos y la calidad de lo producido.
En sintonía, el diputado Guillermo Agüero destacó que las mayores víctimas de estos delitos suelen ser familias con explotaciones de menor escala que no disponen de recursos para costear dispositivos de seguridad privada.
Tras el contundente respaldo en la Cámara Baja, el proyecto sobre vandalismo e intrusismo rural aguarda ahora su posterior tratamiento en el Senado, donde los bloques buscarán convertir en ley una demanda histórica del campo argentino.
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