La Cámara Federal de La Plata confirmó el freno a la privatización del Banco Nación
La Cámara Federal de La Plata resolvió confirmar la medida cautelar que había suspendido el decreto 116/2025 del presidente Javier Milei, el cual establecía la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. El fallo, dictado originalmente por el juez Alejo Ramos Padilla, cuestiona la constitucionalidad del decreto y se mantendrá vigente hasta que se resuelva el fondo de la causa iniciada por un grupo de empleados del banco.
El tribunal consideró que el Ejecutivo no está habilitado a cambiar el estatus legal del Banco Nación sin intervención del Congreso. La entidad financiera ya anticipó que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión judicial refuerza la postura de los trabajadores del banco y de la Asociación Bancaria, quienes sostienen que la medida es una privatización encubierta.
La privatización del Banco Nación en la Justicia
El conflicto se remonta a una demanda presentada por empleados del BNA contra la Resolución 348 del Directorio del banco, que habilitaba su transformación. Aunque en un principio el Poder Ejecutivo había asegurado que no habría privatización debido a la falta de autorización legislativa, posteriormente dictó el decreto 116/2025, lo que generó una reacción inmediata por parte de los trabajadores.
El juez de primera instancia había dado lugar a la medida cautelar solicitada por los empleados, considerando que el decreto vulneraba la carta orgánica del Banco Nación y que su transformación solo podía realizarse mediante una ley del Congreso. Tanto el Estado Nacional como el Banco de la Nación apelaron la medida, argumentando que la conversión en sociedad anónima no implicaba una privatización y que permitiría modernizar la gestión del banco.
Qué dice el fallo de la Cámara Federal de La Plata que frenó la privatización del Banco Nación
El Ejecutivo había apelado la decisión inicial, calificándola de “arbitraria e infundada”, y acusando al juez de interpretar erróneamente el alcance de la Ley Bases. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefín, desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó la suspensión del decreto.
En su resolución, los camaristas destacaron que “la privatización del Banco de la Nación Argentina fue objeto de exclusión del proyecto originario -remitido por el Poder Ejecutivo- que culminó con la sanción de la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
La exclusión expresa, indicaron, “autoriza a concluir que el Congreso difirió a su juicio futuro examinar o no la modificación de la condición jurídica del Banco de la Nación Argentina establecida por ley”, subrayando que el Legislativo “no incluyó a dicha institución entre las entidades privatizables”.
Los jueces concluyeron que “la delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no puede aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza”.
Principales puntos del fallo que frenó la privatización del Banco Nación:
- La ausencia de una habilitación legislativa para modificar la estructura jurídica del Banco de la Nación Argentina.
- La exclusión expresa del BNA del listado de entidades privatizables durante el debate parlamentario de la Ley Bases.
- La falta de garantías en el decreto que impidan la venta de acciones del banco en el futuro, lo que representaría un riesgo cierto de privatización.
- La importancia histórica del Banco Nación en la economía argentina, asegurando la cadena de pagos y financiando sectores estratégicos en tiempos de crisis.
Además, el fallo destaca la participación de la Asociación Bancaria en calidad de amicus curiae, reforzando la postura de los empleados respecto de la inconstitucionalidad de la medida. La organización gremial alertó sobre el impacto negativo que la transformación podría tener en las condiciones laborales de los trabajadores y el riesgo de despidos masivos, basado en experiencias previas de privatización de empresas estatales en la Argentina.
Qué buscaba el decreto del Gobierno
El objetivo del Poder Ejecutivo era modificar la figura jurídica del Banco Nación, que actualmente opera como Sociedad del Estado, y reconvertirlo en sociedad anónima para otorgarle mayor flexibilidad en su funcionamiento y permitir su capitalización. Según el Gobierno, esta medida estaba respaldada por las facultades delegadas que otorgó la Ley Bases, así como por el DNU 70/2023, que habilita la posible privatización de empresas con participación estatal.
La demanda judicial de los empleados
Los empleados del Banco Nación cuestionaron la legalidad del DNU 70 y una resolución interna del banco que abría la puerta a la privatización. En septiembre de ese año, Ramos Padilla dictó el fallo que impidió avanzar con la transformación del organismo, argumentando que el cambio debía ser aprobado por el Congreso.
El magistrado también se pronunció específicamente contra el decreto 116/2025. En su resolución, sostuvo que el Banco Nación fue creado por la Ley 2.841 en 1891 y que dicha norma establece que la entidad debe actuar “con sujeción a las disposiciones de la presente ley”. Por lo tanto, cualquier alteración en su estatus jurídico debe pasar por el Congreso Nacional.
Además, remarcó que el Congreso excluyó explícitamente al Banco Nación del capítulo de privatizaciones dentro de la Ley Bases. “De allí que, es posible inferir, con el grado de provisoriedad necesario para el dictado de una medida cautelar, que el decreto 116/2025 del P.E.N. se trataría de un decreto delegado dictado en exceso”, escribió Ramos Padilla. Y agregó que esta interpretación debe integrarse “con el resto de la norma, en especial con el capítulo ‘II. Privatización’, en el que se excluyó al Banco de la Nación Argentina, como así también con el modo en que se desarrolló y se alcanzaron los consensos durante el debate parlamentario".
El Banco Nación irá a la Corte
Tras el nuevo revés judicial, el Banco Nación emitió un comunicado oficial en el que cuestionó el fallo de la Cámara por considerarlo arbitrario y confirmó que presentará un recurso ante la Corte Suprema.
“Esta sentencia reafirma la vocación de los sectores que pretenden achicar el Banco y apartarlo de su mandato que es el crédito a favor de las familias y empresas argentinas”, afirmó la entidad.
Además, defendió el intento de transformación como una estrategia para mejorar el funcionamiento del banco y su capacidad de financiamiento. “La transformación en Sociedad Anónima del Banco encamina a mejorar su transparencia y eficiencia para impulsar el crédito privado en Argentina, a favor de las familias y las empresas, especialmente PyMEs regionales”, argumentó el comunicado.
En ese sentido, el Banco Nación sostuvo que el sistema crediticio ha caído en los últimos años: “En los últimos años, el Banco Nación lideró la reducción del crédito en Argentina, al 6,5% del PBI en 2023, la mitad que en 2011 y la cuarta parte que en los noventa. El hipotecario para la vivienda virtualmente desapareció”.
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