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Tras la confirmación de la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Kirchner, el Partido Justicialista (PJ), junto a movimientos sociales y agrupaciones militantes, resolvieron modificar el rumbo de la movilización: en lugar de concentrarse en Comodoro Py, se dirigieron a la Plaza de Mayo, donde ya se congrega una multitud.

La histórica plaza y sus calles aledañas están completamente colmadas. Mientras tanto, desde diferentes puntos del país siguen arribando columnas de manifestantes que buscan expresar su respaldo a la líder peronista y rechazar el fallo que, según denuncian, constituye una proscripción política.

Entre la multitud no solo hay militantes y dirigentes peronistas. También se hicieron presentes referentes de otras fuerzas políticas, como los diputados de izquierda Miriam Bregman y Cristian Castillo, quienes manifestaron su apoyo a la convocatoria.

Denuncian operativos intimidatorios a micros que viajaban a la marcha

En paralelo a la movilización, se registraron reclamos por operativos de seguridad considerados intimidatorios, implementados por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Según denuncian los manifestantes, con la excusa de realizar “controles de rutina”, las fuerzas de seguridad interceptaron y requisaron micros provenientes del interior del país que se dirigían a la Ciudad de Buenos Aires.

Los testimonios apuntan a procedimientos calificados como "humillantes", en los que los pasajeros fueron bajados de los vehículos, interrogados sobre su destino, y sometidos a palpaciones y revisiones de documentos. “Como nunca antes en ningún control turístico o viaje de rutina”, señalaron algunos de los afectados.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Luis Moyano, quien en diálogo con radio AM 750 relató:

“Todos los micros que han salido de Córdoba rigurosamente han sido interceptados y requisados con distintos niveles de maltrato”.

El contexto: prisión domiciliaria y clima de tensión política

El despliegue policial y los controles coinciden con un clima político caldeado, luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 habilitara que Cristina Kirchner cumpla su condena en su domicilio, bajo monitoreo electrónico y con restricciones de visitas y actividades públicas.

La medida judicial y el posterior tratamiento por parte del Gobierno nacional, a través de fuerzas de seguridad, reavivaron las tensiones entre el oficialismo y sectores opositores, que acusan una persecución judicial y política contra la exmandataria.