17 de Octubre de 2025 - 12:46

Tensión en la Agencia Nacional de Discapacidad: manifestantes irrumpieron en la sede de Belgrano

Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, cuando un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el edificio para reclamar por los recortes presupuestarios en el área y exigir una reunión con los responsables del organismo.

La protesta, que comenzó en la vereda frente a la sede de la avenida Cabildo 3067, reunió a trabajadores estatales, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad, quienes expresaron su malestar por la falta de respuestas oficiales.

Reclamo por los recortes y falta de diálogo

Según relataron testigos, el conflicto escaló luego de que los manifestantes solicitaran una mesa de negociación con las autoridades, pero recibieran una respuesta negativa. Ante esa situación, el grupo decidió romper el vallado y la puerta de ingreso al edificio, logrando entrar entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno nacional.

El episodio se produce en medio de un clima de tensión política y judicial por el manejo de la ANDIS y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que generó fuertes críticas por parte de organizaciones del sector.

El conflicto por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declaraba la emergencia nacional en discapacidad, pero dispuso suspender su aplicación hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, justificó la decisión en la “falta de financiamiento específico” y en la necesidad de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La medida provocó un rechazo inmediato de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Desde esos espacios reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley, argumentando que la suspensión afecta directamente la atención, la rehabilitación y los servicios esenciales para miles de beneficiarios.

Crece la tensión política y judicial

El conflicto también llegó al Congreso Nacional. Esta semana, los bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación contra Guillermo Francos por el incumplimiento de la norma.
Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a brindar explicaciones.

Desde el oficialismo, los legisladores de La Libertad Avanza y del PRO defendieron la decisión del Ejecutivo, señalando que “no existen los recursos” para implementar la ley sin comprometer otras áreas esenciales del Estado.
En la misma línea, funcionarios cercanos a Francos afirmaron que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, aunque sin habilitar el paquete completo de beneficios previstos por la normativa.

La causa judicial por irregularidades en la ANDIS

El conflicto actual se da además en un contexto de investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento de contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y actualmente se encuentra bajo investigación.

Esta situación profundiza la desconfianza en el manejo del organismo y agrava el malestar entre los trabajadores y las organizaciones del sector, que denuncian una crisis estructural en la atención de las personas con discapacidad.

Un reclamo que promete continuar

Tras los incidentes de este viernes, los manifestantes reiteraron su pedido de diálogo con las autoridades y advirtieron que las protestas continuarán si no hay respuestas concretas.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta crecientes presiones sociales y políticas para restablecer los fondos destinados a la discapacidad y garantizar la plena aplicación de la ley suspendida.

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