Diputados ratificó el veto de Milei a la Ley de financiamiento universitario
Javier Milei logró este miércoles una importante victoria en el Congreso.
Con el respaldo de sus 38 diputados y el apoyo de 35 del Pro, partido del expresidente Mauricio Macri, el líder libertario consiguió mantener su veto a una ley que otorgaba más fondos y aumentos salariales a los docentes universitarios.
De esta forma, la norma, que había sido aprobada por una amplia mayoría opositora el mes pasado, quedó sin efecto.
Una victoria legislatva para Milei con fuerte apoyo del PRO
El oficialismo logró reunir 85 votos a favor del veto presidencial, mientras que 159 legisladores opositores votaron por mantener la ley vigente. Sin embargo, este número no alcanzó los dos tercios necesarios de los 249 diputados presentes. Además del Pro, Milei sumó el apoyo de algunos diputados cercanos a gobernadores peronistas e incluso de cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), partido históricamente defensor de la educación superior pública y gratuita. La estrategia para sostener el veto también contó con ausencias y abstenciones.
Durante el debate, los legisladores de La Libertad Avanza, el partido de Milei, defendieron la política de ajuste fiscal que el gobierno ha implementado durante los últimos diez meses. También atacaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la institución educativa más prestigiosa del país. "¿Será que algunos vivos han creado el negocio de financiar con los pobres una universidad que podrían pagar?", expresó el diputado José Luis Espert, hombre cercano a Milei, quien criticó duramente a la UBA. También dirigió sus críticas a la UCR y al kirchnerismo, ambos con influencia en el ámbito universitario.
Previo al inicio de la sesión, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, publicó una carta en la que advertía que el sistema universitario argentino "podría desaparecer tal como lo conocemos". Defendió el modelo universitario gratuito, masivo y de calidad, y expresó que estaba en riesgo "como nunca antes en la historia democrática" del país. "La ley daba criterios objetivos al presupuesto universitario, eliminando arbitrariedades de los gobiernos. Creíamos que nadie podría oponerse a esto, pero nos equivocamos", lamentó, en referencia al veto de Milei.
El presidente justificó el veto en base a la reducción del gasto público. Acusó a los legisladores de no explicar de dónde saldrían los fondos para cubrir los aumentos salariales que establecía la ley, y con el paso de los días, endureció su discurso denunciando una supuesta resistencia de las universidades a ser auditadas. Este miércoles, reiteró ese argumento, señalando en un evento empresarial que "el reclamo de las universidades es solo una excusa para que algunos delincuentes se beneficien a costa de los alumnos y profesores". En sus palabras, la comunidad universitaria forma parte de la "casta" que prometió combatir al asumir el poder.
Desde la llegada de Milei al gobierno, el financiamiento estatal para las universidades ha disminuido un 30%. Además, el presupuesto destinado al sistema universitario para 2025 es la mitad de lo que los rectores consideran necesario. Los salarios de los docentes, por su parte, han perdido un 23,7% de su poder adquisitivo frente a la inflación entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, según datos de la Conadu, una federación de gremios universitarios. En un intento por mitigar la oposición docente, el gobierno decretó un aumento salarial del 6,8% justo antes de la votación, aunque no logró llegar a un acuerdo con los sindicatos.
Poco después de la confirmación del veto, los gremios universitarios anunciaron un paro nacional para este jueves. "La voluntad popular ha sido traicionada y la democracia ha sido vulnerada por un gobierno que gobierna por decreto. Se ha conformado una alianza política que no se conmueve ante el sufrimiento de las mayorías, ni ante el reclamo de todos los sectores por defender lo fundamental: la universidad pública, la educación pública", expresó el Frente Sindical de Universidades Nacionales en un comunicado.
La previa de una sesión clave para el Gobierno: negociaciones y dudas hasta último momento
Una semana después de la segunda Marcha Federal Universitaria, el Gobierno se enfrenta este miércoles a su primera prueba en el Congreso para defender el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las universidades. Desde el oficialismo advierten que, si la oposición insiste en aprobar la ley, la disputa podría terminar en la Justicia.
Con el panorama incierto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, continuaba hasta último momento las negociaciones en busca de sumar el apoyo de sectores moderados que permitan sostener la medida del presidente Javier Milei en la sesión prevista para las 11:00.
Aunque gran parte de las gestiones del día previo se concentraron en el Congreso, en la Casa Rosada siguieron de cerca los movimientos, confiando en que una combinación de ausencias y apoyos de último minuto les permita conseguir una victoria.
Voto a voto para respaldar el veto de Milei
La situación se complicó para el oficialismo por la ausencia de Oscar Zago, quien viajó a España por motivos personales. Zago, un aliado clave, suele respaldar las decisiones del Poder Ejecutivo desde su lugar en el MID. Sin embargo, los otros dos miembros de su bloque, Eduardo Falcone y María Ibáñez, estarán presentes para votar. Por otro lado, la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien estuvo en Ucrania, regresaría a Buenos Aires a tiempo para sumarse a la votación.
Los cálculos previos en Diputados indicaban que hay entre 80 y 84 votos para respaldar el veto, mientras que entre 160 y 164 legisladores apoyarían la insistencia en el proyecto. Hay 4 ausentes confirmados y entre 11 y 13 diputados aún no han definido su postura, lo que mantiene el resultado en un terreno incierto.
El bloque que busca anular el veto está conformado por 99 diputados de Unión por la Patria y 27 de los 33 miembros de la UCR. Los legisladores Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero, que ya votaron a favor del veto en la ley de movilidad jubilatoria, mantendrán su posición y apoyarán al Gobierno. Los otros dos integrantes de la UCR, Fernando Carbajal (ausente) y Pablo Cervi (abstención), también facilitarán la estrategia oficialista. Además, Encuentro Federal aportará 14 de sus 16 bancas, ya que Ricardo López Murphy no estará presente y Francisco Morcchio está en duda.
A esto se suman los bloques de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Por Santa Cruz, que en su totalidad votarán por anular el veto. En cuanto al PRO, dos de sus diputados, Álvaro González y Héctor Baldassi, también apoyarán el proyecto. Por otro lado, Innovación Federal tiene confirmados 5 votos a favor de la ley y otros 3 por definirse. En total, el bloque contrario al veto alcanzaría 160 votos.
En el otro lado, el oficialismo cuenta con 39 votos propios de La Libertad Avanza, a los que se sumarán 33 del PRO, uno de CREO (Paula Omodeo), dos del MID y cuatro de la UCR, alcanzando un mínimo de 80 votos a favor de mantener el veto presidencial.
Ante este escenario, el grupo que busca revertir el veto necesita evitar que el oficialismo supere los 84 votos, algo que hasta ayer parecía cada vez más difícil, ya que el Gobierno ganaba terreno en las negociaciones. Existen entre 11 y 13 diputados que aún no han definido su voto, entre ellos 8 que concentran la atención de todos los sectores. Se trata de tres legisladores del bloque Independencia (Tucumán, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo), dos de San Juan (cercanos a Marcelo Orrego) y tres de Encuentro Federal de Misiones, bajo la influencia de Hugo Passalacqua.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, los tucumanos y sanjuaninos se inclinarían por apoyar al oficialismo, mientras que los misioneros podrían abstenerse o ausentarse, sumando un total de 11 votos que favorecerían al veto.
Si este escenario se materializa, el veto de Javier Milei sería ratificado con 84 votos, bloqueando cualquier posibilidad de que la oposición logre los dos tercios necesarios para revertir la decisión.
Negociaciones salariales con gremios universitarios
Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido conversaciones con los gremios universitarios, aunque no han llegado a un acuerdo. Ayer, un día antes de la votación, el Ejecutivo anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que establece el salario mínimo que los docentes perciben por cargo, después de los descuentos obligatorios.
Este aumento, retroactivo al 1 de julio, elevará el sueldo mínimo a $420.000, lo que se suma a una suba del 6,8% para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales en octubre, una cifra que sigue siendo inferior a las demandas de los sindicatos.
Si la Cámara de Diputados finalmente decide insistir con el proyecto, el veto deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo enfrentará un escenario aún más complicado y, hasta ahora, no ha comenzado las conversaciones con los otros bloques.
NOTAS RELACIONADAS
