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Por Carlos Arbía 

Por el momento desde el gobierno sólo se conocieron los tuits de la vicepresidenta Cristina Fernández y de Axel Kicillof para quejarse de la sentencia de la jueza Loretta Preska en la Corte Suprema de Nueva York que condena a la Argentina a pagarle unos 16.000 de dólares al fondo Burford.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió y estatizó la petrolera en abril del 2012 sin realizar la Oferta Pública de Acciones (OPA) tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 en la privatización realizada en la presidencia de Carlos Menem. En ese estatuto la Argentina se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición de una porción de YPF obligaba a hacer una oferta pública por el  total de las acciones, algo que ese gobierno ignoró cuando expropió y estatizó la empresa.

Leé también: Juicio a YPF: la familia Eskenazi podría cobrar unos 4.000 millones de dólares

Solo le pagó a la española Repsol unos 5.000 millones de dólares y dejó afuera a las empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que era dueño del 25 % de las acciones que había comprado gracias a la intervención del ex presidente Nestor Kirchner, a quien se señala como una especie de socio oculto de familia la Eskenazi.

Qué puede pasar durante el proceso de apelación: posibles embargos

Por el momento la Argentina no informó nada a la jueza Loreta Preska pero es probable que en los próximos días el Procurador General de la Nación Carlos Zaninni, quien junto a Kicillof ideó la expropiación de YPF a Repsol, presente la apelación por parte del gobierno argentino en los tribunales de Nueva York. Zaninni es el encargado de representar y defender al estado junto a un cuerpo de abogados. La gran incógnita es qué pasará mientra dure el proseso de apelación y en este caso no hay que descartar futuros embargos de activos argentinos en el exterior por parte del fondo Burtford.

El problema se podría presentar no solo para este gobierno sino para el próximo en caso que Butford imite lo que ocurrió con el fondo buitre MNL de Paul Singer cuando en el 2012 embargó la Fragata Libertad en el puerto de Ghana porque el gobierno argentino se negaba a pagar la sentencia por bonos defaulteados en el 2001 que había adquirido ese fondo. El barco permaneció fondeado en el puerto de Tema hasta el 14 de diciembre del 2012, cuando el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, dictó el fallo que le permitió zarpar para poder regresar a la Argentina.

Entre los activos embargables se encontraban la residencia del embajador argentino en Washington y otros 11 inmuebles en los Estados Unidos que fueron confiscados junto al museo del General José de San Martín en Boulogne Sur Mer en Francia. El fondo MNL llegó también a trabar un embargo sobre el satélite Aquarius SAC- D creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 

El misterio de la venta al fondo Burford de parte del juicio

El gran misterio, a partir de ahora, es a quiénes les vendió Burford parte del juicio en el 2020. Entre estas personas o sociedades estaría el Grupo Petersen que podría cobrar unos 4.000 millones de dólares que le serviría para levantar la quiebra de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora de unos 2.000 millones de dólares, tal como señala el estudio de inversores privados presentado en la Corte Suprema de Nueva York.

Al parecer este será el último último capítulo de un intrincado proceso que comenzó en el 2007, donde están mezcladas dos familias -los Kirchner y los Eskenazi- de la provincia de Santa Cruz, el cual se comenzó a escribir la semana pasada. Lo que las une es la compra del 25 % de las acciones de la petrolera YPF. Lo que las separó fue el fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre del 2010.

El 8 de septiembre la jueza de la Corte Suprema de Nueva York, Loreta Preska, falló en contra de la Argentina. Pero aclaró que la empresa YPF no tuvo nada que ver en la expropiación del 51 % de las acciones a la española Repsol y ordenó al gobierno argentino a pagarle unos 16.000 millones de dólares al fondo Budford que se presentó como damnificado por esta expropiación. 

La causa se inició cuando Burford, que le compró el juicio de quiebra a la empresa del Grupo Petersen de la familia Eskenazi de Petersen Inversora y Petersen Energía, presentó el reclamo por la forma en que se realizó la expropiación y nacionalización de las acciones a la española Repsol.

En relación al extraño ingreso del Grupo Petersen en YPF hay que señalar las declaraciones del entonces presidente de Repsol, Antoni Brufau, en marzo de 2013, cuando amenazado y presionado por el Gobierno argentino, declaró que “si este continuaba pidiendo su cabeza en Madrid, contaría el verdadero entramado del ingreso del los Eskenazi a YPF”.

En relación al ingreso a YPF de las empresas del Grupo Petersen, la titularidad accionaria, el precio abonado, las garantías de la operación, los préstamos y su relación con los fondos de la provincia de Santa Cruz que Néstor Kirchner había recibido en concepto de regalías por la privatización de YPF en el gobierno de Carlos Menem.

Los indicios del fraude político y financiero

Un reciente informe de inversores privados damnificados por la expropiación describe que se habrían afectactado esos fondos públicos de la provincia de Santa Cruz para una operación entre privados. En este caso la venta de parte de las acciones de Repsol en YPF a la familia Eskenazi representada por el Grupo Petersen. 

El crédito inicial estaba garantizado por todos los activos, valores e inversiones que en el presente o en el futuro tengan depositados en Credit Suisse, Petersen Energía PTY, Matías Eskenazi, Enrique Eskenazi, Sebastián Eskenazi y Hazel Sylvia de Eskenazi.

El informe destaca además seis indicios que sirven para demostrar el fraude político y financiero que fue la compra del 25 % de las acciones de YPF por parte de Grupo Petersen. El primer indicio es el papel del banco Credit Suisse en el estructuramiento del préstamo bancario para que la familia Eskenazi compre ese porcentaje de la empresa YPF. En la operación de compraventa del año 2008 surge que el Credit Suisse, entre otras cuestiones, le prestó al Grupo Petersen,que no tenía experiencia en la industria petrolera, unos 600 millones de dólares. Esto representaba casi el 60% del total del préstamo de 1.000 millones  de dólares otorgados por el pool de bancos.

El segundo indicio es el de la devolución de los préstamos y créditos verificados en la liquidación de Petersen Energía SAU. “De la lectura del Acuerdo de Crédito surge que la devolución de la suma por 456 millones de dólares tiene fecha e importe cierto, pero no se especifica nada acerca de la devolución del saldo restante por casi 601 millones de dólares, sino tan solo una generalidad acerca de un saldo pendiente a la fecha de vencimiento, tomando como tal el 15 de mayo de 2012” dice el informe. Se presume que la última cuota del Acuerdo de Crédito del 2008 fue pagada por las empresas del Grupo Petersen, ya que de lo contrario los bancos acreedores debían declarar la mora de Petersen S.A (PESA) en diciembre de 2011, y eso no ocurrió. Si tomamos todos los pagos de PESA, el saldo impago ascendería a los 601 millones de dólares.

El cuarto indicio es el ingreso del Grupo Slim a YPF donde el hijo de Carlos Slim, realizó la adquisición con sus empresas Inbursa y Carso del 8,4% de las acciones de YPF en junio de 2012. No fue una compra sino el ejercicio de una garantía que estaban negociando desde hacía 4 años. En este punto el informe señala que la relación del dueño de Telmex, el empresario Carlos Slim, con el matrimonio Kirchner fue muy cercana. Habría que ver en detalle en todos los Contratos de la Operación del 2008, si Repsol otorgo garantías adicionales a los bancos prestamistas. Siendo así cabe concluir que la operación vinculada al ingreso del Grupo Slim a YPF tendría su fundamento en ocultar o disimular la ilegalidad de afectar los fondos públicos de la provincia de Santa Cruz para el ingreso de Petersen Energía SAU a YPF.

El quinto indicio es que los fondos de Santa Cruz que los Kirchner cobraron por las regalías por la privatización de YPF se encontraban depositados en el Credit Suisse por una suma similar o mayor a los 600 millones de dólares. El problema es que hasta hoy se desconoce el destino de tales fondos, y desde el año 2008 un amplio espectro integrado por políticos, periodistas y expertos en temas energéticos dan cuenta de que los mismos fueron afectados indebidamente para permitir el ingreso de los Eskenazi a YPF. Lo sospechoso es que se eludió la banca de los Estados Unidos para realizar la operación 

El sexto indicio es que se eludió la banca americana para hacer la operación. El informe manifiesta que: “de lo que surge de la documentación presentada ante la SEC, es que la operación del 2008, donde dos empresas españolas (Petersen y Repsol), otra australiana (Petersen PTY), que realizan una transacción respecto a una empresa argentina (YPF) y cuyas acciones objeto de la transacción son American Depositary Receipts (" ADRs ") emitidos The Bank of New York, que cotizan ante en NYSE (USA), estructuraron el Acuerdo de Crédito con sucursales de bancos internacionales con domicilio principalmente en Inglaterra. De manera clara y reiterada, las partes intervinientes dejaron claro que querían evitar la jurisdicción americana en relación al manejo de cuentas bancarias.

Los especialistas en fusiones y adquisiciones consultados por Iprofesional aseguran que solo un empresario avalado por el poder politico de Néstor Kirchner podría adquirir el 15% inicialmente y una opción de compra por un 10% adicional de YPF, la compañía más importante de la Argentina, sin desembolsar un solo dólar.