Trenes Argentinos le pidió una carta de crédito al Banco Nación por u$s 100 millones: polémica entre la línea política y la profesional
Las cartas de crédito, garantes del pago de la operación, son para comprarle material ferroviario a China. Las dudas de la línea gerencial: capacidad de pago, momento para gastar dólares y por qué no van a otro banco. La queja porque esta firma paga sueldos en dos entidades privadas, en las cuales no pidió la carta de crédito.
Por ahora es una gestión reservada, que se maneja principalmente entre la presidenta del Banco de la Nación Argentina (BNA), Silvina Batakis, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Álvaro Errea. Pero ya despertó críticas y suspicacias entre el personal de carrera –la llamada “línea”- del BNA, que ve en la operación no sólo el riesgo de incobrabilidad sino también una jugada política.
Según confirmaron desde el BNA y el propio Ministerio de Transporte, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (conocida por la sigla SOFSE) le solicitó al mayor banco del país una carta de crédito para comprar material rodante y otros elementos. El proveedor sería China, y el monto del cual se habla -por ahora, ya que la negociación se encuentra en estado embrionario- sería de u$s 100 millones.
La carta de crédito es un instrumento por el cual el banco actúa de garante. Es decir, cobra una comisión sobre el monto de la operación. Pero también debe responder -pagar, en concreto- si el comprador no lo hace. Y allí es dónde comienzan las dudas de la “línea” del BNA.
Por el simple hecho que SOFSE, aunque sea estatal, es deficitaria como todas las empresas estatales de ferrocarriles del mundo. Durante el 2020 tuvo una pérdida neta caso 60.756 millones de pesos, aunque fue un año atípico por la pandemia, durante el cual hubo que pagar sueldos aún con servicios cancelados. Mientras que, durante el 2022, la pérdida trepará a 95.831 millones de pesos, según la Resolución 676, firmada por el ministro de Economía, Sergio Massa, de quien además depende políticamente todo el Ministerio de Transporte.
De acuerdo a la misma resolución, promulgada hace pocos días (el 4 de octubre), los ingresos corrientes serán de 82.655 millones. En ese caso, contra los gastos cercanos a 100.000 millones, el resultado económico de desahorro sería de casi 17.000 millones de pesos. Mientras que el déficit entre recursos y gastos de capital dará un resultado de 13.256 millones. Al tomar cualquiera de estos números, surge -según apuntan desde el propio Ministerio de Economía- que la carta de crédito puede ser una maniobra para esconder déficit fiscal, Es decir, saltearse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante contabilidad creativa. A costa del Banco Nación, claro.
¿Una compra impagable?
Con estos números, la conclusión a la que llegaron los empleados del Banco Nación es obvia: SOFSE sólo puede pagar una compra de u$s 100 millones si recibe el dinero a través del Presupuesto Nacional. Con lenguaje más elegante, una fuente del BNA consultada admitió que “tienen problemas con el capital de trabajo”. Los números del 2022, siempre según la Resolución 676, son más que elocuentes en tal sentido: 3.509 millones de pesos de ingresos, contra más de 99.000 millones de gastos.
A partir de estos números, los funcionarios de carrera del BNA, que vieron pasar presidentes, ministros y empresas públicas varias, hacen un razonamiento básico: el gasto se hace durante este gobierno, probablemente con fines electorales; y quizás una próxima administración, de otro signo político, realice un ajuste. En ese caso, el banco que otorgue la carta de crédito correrá con el costo del contrato.
Tras el Caso Vicentin, por el cual algunos ex gerentes tienen que responder ante la Justicia, todos piensan dos veces antes de poner su firma. “Por eso el tema se está manejando en penumbras, pero la operación sigue en curso”, apuntó una fuente cercana al tema.
Por otra parte, entre los argumentos en contra de la carta de crédito se suma el pago de sueldos. Los empleados de SOFSE no sólo cobran sueldos a través del Nación, sino también mediante el Macro y el Patagonia, dos entidades privadas. Esto se debe a acuerdos vigentes, por los cuales un trabajador puede elegir, según el paquete de servicios que le ofrezcan, en qué banco quiere cobrar sus haberes.
Pero ello juega como argumento en contra. Como política comercial, ante el otorgamiento de un préstamo importante, o de una carta de crédito riesgosa (este es el caso), la entidad otorgante pide que todos los sueldos se liquiden en la misma. Un pedido que difícilmente tenga éxito en este caso, dada la gran relación política del massismo con los dueños y directivos del Macro y el Patagonia.
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